El auto de Castro complica el futuro del Ayuntamiento de Valencia

El último auto del caso Nóos acerca al expresidente de la Generalitat Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a una posible imputación. Que el juez instructor José Castro se dirija a las Cortes Valencianas para que certifiquen la condición de aforados de los dos políticos valencianos es significativo de cara a la posible apertura de una pieza valenciana separada del caso principal, que iría a parar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

A dos años vista de unas elecciones autonómicas y locales, la posible imputación de la alcaldesa complicaría el mapa político de un Consistorio donde Barberá acumula cinco mayorías consecutivas. Su segundo, el vicealcalde Alfonso Grau, preside el patronato de la fundación implicada en el caso Nóos, e imputados en el caso Emarsa han apuntado más de una vez en dirección a Silvestre Senent, concejal de Hacienda de Valencia.

Las reacciones llegaron tras conocerse el auto. El vicepresidente del Consell, José Ciscar, se escudó en que no existe ninguna imputación sobre Camps y Barberá para evitar pronunciarse sobre las posibles consecuencias políticas. “La petición de certificación de un aforamiento no predice o no implica necesariamente otro tipo de decisiones”, afirmó Ciscar, que no quiso anticipar escenarios.

“Solo hay una petición, no quiero dar carta de naturaleza a una situación que no se ha producido”, insistió el vicepresidente de la Generalitat sobre Camps y Barberá. El vicepresidente valenciano, que justificó que la Generalitat se haya personado únicamente por la vía civil en el caso Nóos, destacó que el Consell ofrecerá la “máxima colaboración” con la Justicia, y aseguró que se reclamará “hasta el último euro que se haya podido desviar”.

La regidora se atuvo al mismo guión: “El juez solo ha pedido que se acredite mi condición de diputada. No estoy imputada”, dijo.

Barberá reiteró que ella ni decidió, ni aprobó ni acordó nada relacionado con los Valencia Summit. Los encargados formales de las ediciones de este congreso que relacionaba ciudad y eventos deportivos fueron, por un lado el Instituto Nóos y por otro, la sociedad pública Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA) y la fundación municipal Turismo Valencia Convention Bureau. El Gobierno local de Valencia ha utilizado esta última fundación como cortafuegos para que el escándalo no le salpicase.

El Consell reclamará hasta el último euro que se haya podido desviar

La oposición anticipó que si se producen estas imputaciones, pedirá dimisiones. Antonio Torres, portavoz del PSPV en las Cortes Valencianas, manifestó que “Fabra, está obligado a adoptar medidas de inmediato porque el grupo parlamentario popular no puede estar repleto de imputados”.

Desde Esquerra Unida, Ignacio Blanco anunció que, si finalmente son imputados, su partido pedirá que dimitan inmediata de las Cortes, el Ayuntamiento y del Consell Jurídic Consultiu. El portavoz municipal de Compromís, Joan Ribó, explicó que si llega la imputación, la situación no será compatible, en el caso de Rita Barberá, con el cargo de alcaldesa. “Está muy claro que Barberá y su discípulo tienen sobre ellos la espada de Damocles”.