Libertad bajo fianza de 600.000 euros para una exdirectiva de Vitalia
La Audiencia considera que no existe riesgo de destrucción de pruebas ni de fuga
La Audiencia Provincial de Sevilla ha acordado dejar en libertad bajo fianza de 600.000 euros a la exdirectiva de Vitalia María Vaqué, imputada en el caso ERE. La juez Mercedes Alaya la envió la prisión el día 23 de marzo tras ser detenida en el marco de la Operación Heracles. La Audiencia estima parcialmente el recurso presentado por la defensa de la imputada y la deja en libertad al entender que “no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas”.
Vaqué, para la que la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza de responsabilidad civil de 258 millones de euros, fue una de las siete personas a las que la juez Alaya mandó a prisión dentro de esta operación, que está bajo secreto de sumario y que investiga el supuesto cobro de sobrecomisiones por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los expedientes de regulación de empleo.
Además de a Vaqué, la magistrada envió a la cárcel a los exdirectivos de Vitalia Antonio Albarracín y Eduardo Pascual; al ex director general de Trabajo Javier Guerrero; al exsindicalista de UGT Juan Lanzas; a su cuñado, Ismael Sierra, y al presunto testaferro de los ERE Eduardo Leal del Real.
Presión a imputados
La decisión de dejar en libertad a Vaqué corrige la adoptada en marzo por la Alaya. En su día, la magistrada entendía que existía riesgo de que Vaqué abandonara España —punto que ahora descarta la Audiencia—. También, creía que podía entorpecer la instrucción de la causa “ejerciendo presión sobre otros imputados o testigos que ya han declarado a fin de intentar que se retractaran en aquellas manifestaciones que pudieran incriminarlos”.
La resolución de la Audiencia se conoce en una semana en la que tanto el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, como el del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, han mostrado su preocupación por el retraso en el caso de los ERE.
Moliner ha llegado a decir que no ve “normal ni aceptable” dicho retraso, aunque ha asegurado que, “por ahora”, no se ha planteado la posibilidad de abrir un expediente disciplinario contra la instructora, que además investiga otras macrocausas —el caso Mercasevilla y el caso Betis—.
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