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JUICIO

Un acusado por matar a su expareja niega el crimen y que maltratara a sus hijos

Los psiquiatras destacan en la primera sesión del juicio la "frialdad" con la que se comportó tras acuchillar a la que había sido su mujer

Bilbao -

El acusado de asesinar a puñaladas a su exmujer Deisy Mendoza el 22 de agosto de 2011 en Bilbao, ha negado que cometiera el crimen y también ha rechazado que, de manera habitual abusara sexualmente de sus hijas y que sometiera a malos tratos a toda la familia. El abogado de la defensa, sin embargo, ha aceptado  durante el juicio, que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Bizkaia, que su cliente cometió el crimen, ante las evidencias en su contra.

El acusado, H.M.R. de 40 años y de origen ecuatoriano, que se enfrenta a una petición de hasta 30 años de cárcel, ha asegurado que el día de los hechos, a pesar de tener una orden de alejamiento de su exmujer, acudió al domicilio familiar en la calle Fernández del Campo, subió con ella en ascensor y, al salir al rellano, ella tomó un cuchillo que él portaba en una bolsa, se lo clavó en varias ocasiones hasta que murió.

Los agentes de la Ertzaintza que acudieron al lugar del crimen han testificado que H.M.R. les dijo tras ser detenido "que la había matado porque le quería quitar a sus hijos". Los psiquiatras forenses han expuesto ante la Sala que el presunto asesino no padece ninguna enfermedad mental y le han descrito como un hombre celoso, machista, tiene una personalidad "de rasgos narcisistas que tiende a teatralizar sus discursos" y han destacado "la frialdad" que mostró tras el crimen y que en ningún momento expresó dolor por la pérdida de la madre de sus hijos. El acusado ha señalado que quiso a la fallecida y que aún hoy la sigue "amando".

Un vecino del portal ha testificado que sorprendió al hombre en el descansillo de la escalera después de apuñalar a la víctima y que, en un descuido, logró arrebatarle el cuchillo de la mano. También ha declarado una mujer que tenía como empleada de hogar a la fallecida y que ha contado que "vivía muerta de miedo" porque pensaba que su ex marido "en cualquier momento le podía matar", y que por eso le acompañó a una comisaría para que le denunciara.

De esa manera, tres meses antes del crimen, una sentencia había condenado a H.M.R. por amenazas y vejaciones a su ex mujer y le prohibía acercarse a 500 metros del domicilio familiar, pero el acusado incumplía reiteradamente esa orden y días después de esa resolución, ingirió decenas de pastillas para intentar quitarse la vida por el alejamiento de sus hijos, según ha expuesto ante el tribunal.

Sin embargo, los forenses han asegurado que "no fue un intento de suicidio serio", sino "un gesto manipulativo". Los psiquiatras también han expuesto que el acusado había sometido a la mujer y a sus tres hijos a un ambiente familiar de violencia continuada que ha causado en los menores, dos niñas y un niño, graves consecuencias.

En concreto, han descrito que los niños han sufrido la muerte de una madre, pero antes habían convivido con la violencia de su padre hacia la mujer y también hacia ellos mismos, y por todas esa vivencias "dramáticas, cuando aún se está formando su personalidad" tendrán, previsiblemente, "a medio o largo plazo, un muy mal pronóstico" en su desarrollo psicológico.

De hecho, los tres están en la actualidad en tratamiento y "el rencor y el odio son los sentimientos que predominan en ellos, sobre el amor que todavía pudieran tener a su padre", han indicado. Las niñas saben que su padre está en presión "pero aún le tienen miedo" y han sostenido un relato sobre los abusos sexuales a los que les sometía su padre desde los cinco años que, para los forenses, es "fiable" y "veraz" casi con toda seguridad.

El abogado del acusado ha reconocido que H.M.R. cometió el asesinato y el quebrantamiento de la orden, pero ha rechazo que abusara sexualmente de las niñas y el maltrato. Ante ese reconocimiento, la fiscal ha rebajado a 15 años su petición de pena de prisión por un delito de homicidio con agravante y un año más por quebrantamiento de la orden de alejamiento. La acusación popular ha mantenido su solicitud de 30 años de prisión, siendo 20 por asesinato, otros seis años por dos abusos sexuales a sus hijas, tres años por maltrato habitual a su familia y un año más por quebrantamiento de la orden.

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