Penas de 12 años de cárcel a unos padres por practicar la ablación a sus dos hijas
La Audiencia de Barcelona considera que la extirpación del clítoris se produjo en España
No está claro quién mutiló a las hijas de Binta Sankano y Sekou Tutay. Tampoco se sabe la fecha exacta, ni dónde se hizo. Pero la Audiencia de Barcelona no tiene ninguna duda de que cuando las niñas acudieron a una exploración ginecológica, el 20 de enero de 2011, las crías, entonces de 11 y 6 años, no tenían clítoris. Sus padres sostuvieron en el juicio que entre 2010, fecha de su última revisión, en la que sus órganos genitales estaban intactos, y 2011, cuando se detectó la extirpación, no habían viajado a su país de origen, Gambia, ni habían abandonado España por ningún otro motivo.
Por ello, la sección novena de la Audiencia Provincial de Barcelona considera a los progenitores responsables de dos delitos de mutilación genital femenina, y les condena a seis años de prisión por cada uno de ellos. En total, 24 años para los progenitores. El tribunal se basa en los diferentes testigos realizados durante el juicio, empezando por el de los propios acusados.
Este es un de los primeros casos casos de mutilación genital femenina en España que ha llegado a juicio, según afirmó un experto de la Generalitat de Cataluña. "No existe constancia de que ese tipo de intervenciones que se realizan en la clandestinidad se lleven a cabo en el país, pues lo habitual es que los padres aprovechen un viaje o las vacaciones para regresar a su país de origen para extirpar el clítoris a sus hijas", menciona la sentencia.
La madre de las menores "fue rotunda al afirmar que durante dicho período no había viajado a Gambia, sino que permanecía con las niñas en España", en su casa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Negó haber participado en la mutilación genital, pero fue "esquiva, reacia en sus respuestas", alegando que "no sabía que tal práctica estaba prohibida y que constituía una conducta delictiva". Y adujo además que era analfabeta y que ella ni siquiera sabía si le habían practica la ablación de pequeña.
Pero el Ayuntamiento de Vilanova visitó en 2008 a Binta, para explicarle la postura en España ante la mutilación genital. "La procesada afirmó asumir, como madre, el compromiso de no practicar a sus hijas dicha práctica", recoge la sentencia. Aunque en la entrevista se mostró "contrariada, enfadada" y, posteriormente, "verbalizó que estaba a favor de la mutilación genital".
El padre de las menores negó también su participación en la extirpación durante el juicio, apostilló que estaba en contra, y atribuyó la mutilación al viaje que realizaron en Gambia en 2007, cuando las niñas se quedaron allí dos años. Algo, sin embargo, que desmiente la revisión que les hicieron en 2010, cuando no se detectó la ablación.
En el juicio también declararon los facultativos que trataron a las menores y que comprobaron que en 2010 sus órganos genitales no presentaban ninguna alteración. Las niñas y su madre, explicaron, se mostraron "ostensiblemente reticentes" a la exploración. "Parecía no entender por qué estábamos allí", añadió una ginecóloga.
Un año después, los médicos descubrieron que las niñas "no tenían clítoris y que no presentaban cicatriz por lo que las mutilaciones no eran de fechas recientes". Pero el tribunal considera que la fecha es irrelevante. "De lo que no cabe duda es que acontecieron [las extirpaciones] durante ese intervalo temporal y como quiera que los procesados, progenitores, han afirmado que en ese intervalo no viajaron a Gambia y que permanecieron en España", alega, para defender que es el tribunal competente.
La Audiencia tampoco acepta que los padres desconociesen que la práctica está penada en España, puesto que ambos llevaban mucho tiempo arraigados en España. Y no les practica el eximente de reparación del daño, a pesar de que los progenitores se han comprometido a someter a las niñas a una reconstrucción del clítoris. Pero el tribunal considera que no se pueden basar en una promesa de futuro. Además, los padres no denunciaron los hechos una vez constataron que las menores habían sido mutiladas.
La sentencia menciona la "tensión inevitable" cultural entre las diferentes culturas, flujo del migraciones. En países como Gambia, del que es originario el matrimonio, la mutilación genital es una cuestión de tradición, y se practica sin la intención de menoscabar la integridad física o moral de las menores. Pero el tribunal se acoge a lo defendido por el ministerio fiscal, que pedía la misma pena, según el cual "el límite al respeto a las culturas autóctonas se encuentra en el respeto a los Derechos Humanos, universalmente conocidos, y que actúan como mínimo denominador intercultural".
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