Solo el alumnado de la Universidad Católica accede a prácticas públicas

Los únicos estudiantes que hacen prácticas en el Instituto de Medicina Legal de Valencia son los de la Universidad Católica San Vicente Mártir, en virtud del convenio firmado en marzo de 2008 por esta institución privada y la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas. Cuando están a punto de titularse los primeros graduados en Medicina de la San Vicente Mártir, el grupo parlamentario Compromís ha pedido la comparecencia del consejero de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, para que explique la ejecución del convenio firmado hace cinco años, recién creada la facultad de la Iglesia.

Para la portavoz de Compromís, Mónica Oltra, este convenio pretende otorgar "un valor añadido" a los estudios de Medicina de la Universidad Católica, al permitir que sus alumnos reciban formación en los institutos de medicina legal de Valencia y Castellón "sin que para ello esta universidad privada tenga que compensar económicamente a la Administración pública" y "mientras aplica severos recortes en la educación pública". El convenio entre ambas instituciones no recoge, efectivamente ningún tipo de compensación económica. Sí que se refiere, sin embargo, a la "colaboración en el desarrollo e impartición de los títulos oficiales y propios, incluyendo másters propios, oficiales y universitarios de la UCV en el ámbito formativo de la medicina forense".

Son varios los cargos o funcionarios del Instituto de Medicina Legal de Valencia que figuran en la oferta docente de la Universidad Católica. Por ejemplo, ocho miembros del instituto participaban en el título de Experto Universitario en Ciencias Forenses que se impartió en 2011. Entre ellos, el director del instituto, Matías Vicente; el subdirector, Juan Giner Blasco y el jefe de servicio Enrique de Francisco Enciso. También Cristina de la Presentación, entonces médico forense de la entidad pública y actualmente vicedecana de la facultad de Medicina. Los tres primeros imparten actualmente el máster en Derecho Sanitario, con prácticas en el Instituto de Medicina Legal.

Un profesional del instituto que prefiere que su nombre no aparezca, asegura que existe malestar porque con este convenio "no obtiene ningún beneficio" la entidad como tal y porque la dedicación de algunos miembros a tareas docentes hace que recaiga sobre otros la sobrecarga de trabajo. Como contrapartidas, en el anexo del convenio figura que "los profesionales que ejerzan como tutores de prácticas tendrán la posibilidad de realizar, al menos una vez por curso escolar, una acción formativa remunerada de la UCV" y, también, que "tendrán preferencia para su contratación como profesores de las distintas asignaturas de las licenciaturas impartidas por la UCV".

A la espera de la comparecencia del consejero Serafín Castellano, la diputada Mónica Oltra subraya que "la Universidad Católica de Valencia ha contado desde sus inicios con el apoyo incondicional del gobierno del PP, que a base de prebendas ha favorecido su expansión". Recuerda que la Facultad de Medicina se puso en marcha en 2008 contra el criterio de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), "debido a sus graves carencias en medios materiales y humanos". Esas carencias, añade, "han sido suplidas por el Gobierno del PP con la cesión de recursos públicos como poner a su disposición los institutos de medicina legal". La Universitat de València carece de convenio con el Instituto de Medicina Legal, que estuvo ubicado en su Facultad de Medicina hasta el traslado a la Ciudad de la Justicia.