Cayo Lara pide que el margen de déficit que da Bruselas se ceda a las autonomías

El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha propuesto hoy que los 18.000 millones de euros de margen del déficit que autoriza la Unión Europea a España se destinen "a todas las comunidades autónomas sin excepción" para evitar que se incrementen los recortes en sanidad, educación y servicios sociales.

En un encuentro con periodistas antes de clausurar la Asamblea de Esquerra Unida del País Valencià en L'Eliana (Valencia), Cayo Lara ha asegurado que "lo justo" sería que se traslade ese 1,8% del Producto Interior Bruto (PIB) a las comunidades autónomas, porque ellas no pueden realizar modificaciones de fiscalidad ni tienen competencias para luchar contra el fraude.

El dirigente de IU ha estado acompañado por la reelegida coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz, que ha salido reelegida con una amplia mayoría en una dirección en la que están presentes la práctica totalidad de los referentes de la organización.

Por contra, el Estado "sí puede dotarse de más recursos para reducir el déficit, combatir el fraude y hacer una reforma fiscal progresiva que haga pagar a los que defraudan, que son las grandes fortunas y las grandes empresas", según el dirigente de IU. Lara ha calificado de "cantinela que llevamos escuchando muchos años" la intención de la Unión Europea (UE) y de los países más desarrollados integrados en el G-20 de "acabar con los paraísos fiscales".

"Nos están mintiendo una vez sí y otra también", ha continuado, "porque los poderes políticos están en manos de los grandes defraudadores económicos, que son los que tienen patente de corso para seguir defraudando". El dirigente de IU ha indicado que si el billón de euros que se escapa cada año a través de los paraísos fiscales "se metiera en la economía de la Unión Europea se acabaría de una manera radical con los 27 millones de parados que hay en la propia UE".

Lara ha reclamado "menos palabras y más hechos". "Estamos hastiados de escuchar las mismas cantinelas y no cumplir con los compromisos y la legalidad, que es lo que deben hacer los Gobiernos, entre ellos el de España".