¿Compartir riesgos?

Los eufemismos con los que los dirigentes políticos tratan de eludir la cada vez más dura realidad, van alcanzando cotas insuperables. Hace semanas, comentaba con un responsable de la Generalitat las grandes dificultades de una gran parte de las organizaciones del Tercer Sector dedicadas a la acción social. Entendía que la desaparición de muchas ellas supondría un duro golpe en la atención y cuidado de personas y colectivos especialmente vulnerables. Mi interlocutor, desde su posición político institucional, me indicó que en un escenario como el actual, lo que a la Generalitat le interesa son empresas y entidades capaces de “compartir riesgos”. ¿De que hablamos? Hablamos simple y llanamente de la preferencia hacia entidades o empresas, muy bien capitalizadas, que puedan resistir largo tiempo sin cobrar sus servicios a las administraciones. Aunque ello sea a costa de encarecer esos servicios o de prescindir de la carga social que su misión y orientación exigiría. No es pues extraño que empresas que hasta hace poco se dedicaban a la construcción, a la seguridad privada, o incluso al comercio o a los viajes, vayan entrando en el sector de servicios a las personas, sean estas personas dependientes, crónicos, discapacitados, o cualquier otro colectivo que capte aún cuotas significativas del gasto público y que incorpore beneficios o exenciones jugosas.

No se trata de defender al Tercer Sector por que sí. Ni de atacar a las empresas mercantiles por el hecho de serlo. Es evidente que muchas organizaciones sociales se lanzaron demasiado rápidamente a servir como proveedoras de servicios. Servicios que las administraciones públicas externalizaban, buscando reducir costes y mejorar prestaciones, dadas las dificultades que esas administraciones tienen en adecuar sus rigideces a la creciente heterogeneidad de personas y situaciones. Cuando los poderes públicos, faltados del maná de la burbuja y ante el creciente impacto de la evasión o elusión fiscal, han ido cortando prestaciones y subvenciones, la excesiva dependencia de los fondos públicos ha hecho mella en las organizaciones más frágiles. Pero, en cambio, las funciones que realizaban, el evidente valor añadido de su labor, los costes que evita a los propios poderes públicos su existencia y su trabajo, exigiría buscar nuevas formas de contribuir a su pervivencia. Una de ellas es la canalización hacia esas entidades de contratos de servicios y de bienes por parte de las administraciones públicas, basándose en cláusulas sociales. Después de meses reclamando avances en el tema, ha entrado finalmente en vigor la Orden ECO/47/2013, por la cual se podrá seguir y diferenciar los contratos públicos establecidos con entidades del Tercer Sector, y el grado en que se han tenido en cuenta cláusulas sociales en su adjudicación.

La situación general del sector es de emergencia, pero el tema es especialmente grave en el ámbito de los discapacitados, en el que las posibilidades de mantener los Centros Especiales de Trabajo en condiciones como las actuales, y con falta de regularización de pagos por parte de las administraciones, son muy escasas (dincat.cat). Por si ello fuera poco, empresas mercantiles con ánimo de lucro, han entrado en el sector, para beneficiarse de las exenciones, beneficios fiscales y bonificaciones de la seguridad social, contratando a personas con discapacidades leves. Las personas y colectivos con dificultades especiales (por ejemplo con discapacidad física o sensorial de más del 65%), deberían ser especialmente protegidas. Y todo ello se acompaña a demás de recortes graves en transiciones al trabajo ordinario, residencias, atención diurna, con la consiguiente asfixia de familias y entidades. La resiliencia la busca la Generalitat en las capacidades financieras de los proveedores, no en la densidad de valor añadido que aportan. Si se quiere de verdad compartir riesgos, se debería ser capaz de compartir también datos, recursos y prioridades. Es decir, compartir poderes. Lo contrario, el confundir partenariado con capacidad de disponer de crédito, sólo conducirá a la desertización de un esfera de intervención social que genera mucho valor añadido, y que es difícilmente reemplazable. El Tercer Sector no lo hace todo bien. Es evidente. Debe ponerse al día. Buscar su propia autonomía y su propia capacidad. Pero, la Generalitat se equivoca si cree que podrá resistir lo que se avecina sin esos aliados.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.