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Sin presupuestos, sin prioridades

La prórroga supone una rebaja lineal de gasto en todas las consejerías de la Generalitat

El Gobierno catalán ha autorizado que la convocatoria de subvenciones

La moratoria “complica la vida” del gestor

El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, en el Parlament. Ampliar foto
El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, en el Parlament.

El Gobierno de la Generalitat se plantea pasar el año sin presupuestos por primera vez desde que en 1981 el Parlamento aprobara sus primeras cuentas, de 64.701 millones de las antiguas pesetas (388,8 millones de euros). El presidente Artur Mas se ha mostrado dispuesto a prolongar la prórroga presupuestaria para lo que queda de 2013 en caso de que juzgue que el objetivo de déficit es inalcanzable o bien que no cuente los apoyos parlamentarios necesarios. A la práctica, la prórroga está suponiendo que el Ejecutivo catalán no puede fijar prioridades para 2013, el año que las previsiones señalan como el peor de la crisis, y aplica un recorte lineal a todos los departamentos. Sin embargo, la moratoria no debe tener efectos sobre la reducción del déficit. Es más, incluso puede ayudar a rebajarlo, convienen los expertos consultados.

La prórroga presupuestaria para todo el año, que se antojaba una posibilidad remota tras los acuerdos de CiU y ERC, es cada vez más factible. Sobre el papel, sería la primera vez que ello ocurre, aunque, en realidad, en 1984 la Generalitat ya funcionó con una prórroga de los Presupuestos del año anterior a la espera de pactar con el Gobierno de Felipe González la financiación autonómica. No obstante, en diciembre el Parlament aprobó las cuentas de ese año y del siguiente, por lo que técnicamente ese año sí hubo Presupuestos.

La prórroga supone que la Generalitat funcionará con las cuentas del año anterior, aunque puede adaptarlas a ciertos escenarios. El consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, previó en la primera prórroga los ajustes necesarios para que la Generalitat cerrara el año con un déficit del 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) y esta semana ha aprobado otra moratoria con un objetivo del 1,2% del PIB. Eso ha dado aire a todas las consejerías, que en lugar de recortar el 28% del gasto deberán rebajarlo el 14%. Eso sí, todas por igual, sin distinción de la incidencia de sus políticas en el Estado del bienestar o la reactivación económica.

De Iglesia a Iglesia

I. VALLESPÍN

La prórroga de enero desembocó en situaciones inusitadas, como que organizaciones sociales acaben ejerciendo de banco y prestando dinero a otras entidades para que puedan dar subvenciones. Es el caso de Cáritas y la Fundación Pere Tarrés. La última está esperando fondos de la Generalitat para destinarlos a becas para colonias y casals de verano. Pero la transferencia está paralizada hasta que se aprueben las cuentas. “Con la prórroga, los convenios están paralizados y no tendremos la subvención hasta que se aprueben los presupuestos”, lamenta el director general de la Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol.

Cáritas se ha ofrecido a avanzar a la fundación 100.000 euros para asegurar estas actividades. Su director, Jordi Roglà, pone el acento en que lo importante es el destino del dinero. “Debemos ayudarnos entre nosotros, y cómo no vamos a ayudar a la Pere Tarrés, los dos somos Iglesia”, defiende.

Si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fija objetivos distintos a cada comunidad, el Gobierno de Mas deberá aplicar una nueva prórroga o bien elaborar unos Presupuestos. La catedrática de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona e investigadora del Instituto de Economía de Barcelona, Núria Bosch, explica que con la prórroga el Ejecutivo “mantiene la misma distribución del gasto”, lo cual implica que no es posible “variar la política económica respecto al año anterior”. “Un objetivo del 1,2% tampoco permite demasiadas cosas”, advierte Bosch, que defiende que Cataluña debe tener un objetivo más elevado.

Fuentes conocedoras de la gestión presupuestaria de la Generalitat explican que la situación de moratoria “complica la vida” al gestor. Por ejemplo, una nueva prioridad del Ejecutivo no tiene vías de entrada a no ser que se acredite que hay una partida para ello. Y puesto que los fondos para cada departamento son idénticos a los del año anterior, una modificación de créditos requiere de la pertinente autorización.

Fuentes del Departamento de Economía explican que el decreto aprobado esta semana ya abre la mano en algunos terrenos, puesto que el decreto precisamente se ha elaborado con la perspectiva de que llegarán 1.000 millones de euros más procedentes del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Para empezar, se amplía el volumen de recursos disponibles para los departamentos y se da de nuevo la posibilidad de convocar subvenciones de concurrencia competitiva, que estaban vetadas por la anterior norma. La Generalitat también podrá volver a realizar inversiones y transferencias corrientes. Pero todo ello, dicen fuentes consultadas, dentro del corsé del año anterior.

Desde el Departamento de Economía, sin embargo, sí admiten algunos inconvenientes. Si no hay Presupuestos, dicen, no hay ley de Acompañamiento y no se pueden instaurar nuevas vías de ingresos. Y los pactos entre CiU y ERC, precisamente, preveían una batería de medidas que iban desde la recuperación de parte del impuesto de Sucesiones a la creación de tasas sobre las bebidas con azúcar, los pisos vacíos o los despegues de aeronaves. Las fuentes consultadas, que quitan hierro a la falta de unos Presupuestos al recordar que el País Vasco estuvo así varios ejercicios, opinan que sí podrían crearse nuevas figuras tributarias por ley, pero señalan que sí supone un contratiempo para la actualización de tasas.

No obstante, la prórroga presupuestaria sí tiene una ventaja para los gestores: haría mucho más fácil la tarea de reducir el déficit porque es más restrictiva que unos Presupuestos. El profesor de Economía de la Universidad de Duke e investigador de Fedea, Juan Rubio-Ramírez, señala que una situación de prórroga “simplificará” el trabajo de Mas-Colell. “No se podrán realizar nuevas inversiones, ni emprender programas nuevos de gasto”, recuerda el profesor, quien considera que la Generalitat apenas tiene margen para incrementar de forma significativa los ingresos. “Entre el 70% y el 75% vienen fijados por el Estado”, apunta.

Mas-Colell dice que una prórroga crea más dependencia del Gobierno

Esta semana, Mas ha conseguido que patronal y sindicatos hayan cerrado filas con su reivindicación de un objetivo de déficit superior al 1,2% del PIB que, de momento, se ha anunciado para el conjunto de las comunidades. Ello no se traduce, sin embargo, en un cheque en blanco en materia presupuestaria. El presidente de la patronal Fepime, Eusebi Cima, afirma que la Generalitat no puede pasar “un año sin Presupuestos” porque impediría “poner en marcha programas” y “subvenciones” y aparcar decisiones cuando la economía “podría dejar de caer”.

En cambio, el presidente de Pimec, Josep Gonzàlez, sostiene que Mas debe esperar a conocer el objetivo final de déficit porque “si no hay una alta potencialidad de que las cuentas no sean precisas”. Los sindicatos también apoyan a Mas, pero su respaldo es crítico. CC OO comparte que el déficit no puede ser del 1,2% del PIB. “Incluso el 2% es una cifra que implica recortes”, dice la secretaria de Comunicación, Dolors Llobet. Eso sí, la organización pide a la Generalitat que se moje y elabore unos Presupuestos con el desfase que crea oportuno. En todo caso, Mas-Colell sigue siendo partidario de trabajar con Presupuestos, puesto que considera que la falta de esta ley incrementa la “dependencia” respecto al Gobierno central.

“La prórroga es la estocada final”

LAIA REVENTÓS

“La situación es crítica. Están en peligro todos los puestos de trabajo del Centro Especial de Trabajo (CET)”, asegura Miquel Canet, gerente de la cooperativa Auria de Igualada (Anoia), donde trabajan 400 personas, 250 de ellas con discapacidad intelectual de especial dificultad. Auria se dedica a las áreas de cosmética, catering y servicios a la administración. Entre ellos, está el mantenimiento de carreteras. “Son licitaciones de casi cuatro millones de euros cada cuatro años y en estos momentos, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad nos debe 1,1 millones de euros, que corresponden a las tareas realizadas desde abril del año pasado hasta hoy”. El 30% de la deuda está reconocida por la consejería, pero no el resto “porque aún no tienen partida presupuestaria”, asegura.

Como no les pagan ni saben cuándo van a cobrar, Aurea abona intereses elevadísimos a los bancos. “Para salir del pozo deberían pagarnos ya el 80% de lo que nos deben. En caso contrario no solo están en juego los 23 trabajadores que arreglan carreteras; peligran todos los puestos de trabajo del CET”. Desde su existencia, explica Canet, Auria ha logrado que no sean dependientes ni supongan un coste para la Administración. Son trabajadores que cotizan y pagan impuestos. “Hasta ahora tendíamos al equilibrio en el balance entre las subvenciones que recibíamos y los impuestos que pagábamos. Este equilibrio se ha roto y la prórroga presupuestaria puede suponer para nosotros la estocada final”.