La juez rechaza desalojar el edificio del Banco Malo ocupado por la PAH
El auto reconoce la función social de la vivienda y reprocha a la Sareb no conservar el edificio 10 familias viven en el inmueble de Sabadell, que llevaba cuatro años vacío
El desalojo urgente “no ha lugar”. Las medidas cautelares deben ser “proporcionadas” y desalojar un edificio ocupado desde hace semanas que llevaba cuatro años vacío no lo es. Con estos argumentos, y defendiendo la propiedad privada pero también el “uso social” de la vivienda, ha denegado la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Sabadell el desalojo urgente el edificio de Sabadell propiedad de la Sareb ocupado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) a mediados de abril.
Las 10 familias que se han instalado allí estaban ayer de celebración. Pese a su situación precaria —ocuparon el edificio de la calle Sant Ferran después de ser desahuciadas—, respiraban de alivio. El inmueble, que tiene 40 pisos, fue transferido al banco malo por el Banco Mare Nostrum y tomado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Sabadell, población donde hay otros dos edificios de lo que la entidad llama “obra social” para familias desahuciadas.
En un auto que la PAH calificó de “histórico”, la juez argumenta cuestiones como que el derecho a la propiedad privada está limitado por su función social; que la sociedad de gestión de los activos tóxicos “ha desistido de la función social de las viviendas” y que no ha realizado ninguna actividad para dar un uso al edificio —“ha incumplido el deber de conservación”—; y que la ocupación no perjudica al banco malo (tiene 15 años para vender los activos), pero sí a las familias sin techo ni ingresos, tal como han constatado los servicios sociales del Ayuntamiento.
Por otra parte, el Parlament rechazó ayer con los votos de CiU y PP una moción del PSC que pedía que la Generalitat promoviera el “alquiler forzoso” para mejorar el acceso a la vivienda, en la línea de la Ley del Derecho a la Vivienda que aprobó el tripartito y descafeinó el actual Ejecutivo. La iniciativa contó con 63 votos negativos (CiU y PP) y 61 positivos (PSC, ERC, ICV-EUiA, C’s y CUP).
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