El PP aprueba en solitario la ley de reestructuración del sector público

El pleno de las Cortes ha aprobado hoy, con los únicos votos del PP, la Ley de Medidas de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat, que reduce el número de sus entes y cuyo contenido ya se aplica tras su ratificación por el Consell en octubre como decreto ley.

El PP ha rechazado las 150 enmiendas de la oposición a esta ley, que pedían medidas como la paralización de los despidos colectivos en las empresas públicas, la disolución de la Universidad Internacional Valenciana (VIU), reducir al mínimo el número de miembros de los consejos de administración, o estudiar la viabilidad de Aerocas.

La oposición ha considerado que esta ley supone "el desmantelamiento y la privatización" de un sector público que el PP previamente "hinchó" con sus "amigos", mientras que el PP ha defendido que se trata de una solución "valiente" a un sector público que estaba "reventando las costuras de la Generalitat".

El diputado del PP Rubén Ibáñez ha defendido que esta ley es una "oportunidad única" de hacer "más sostenible" la Administración, ya que reduce un 61% los entes públicos, y ha resaltado que desde que hace dos años comenzaron las medidas para este proceso ha habido un ahorro de 1.365 millones de euros.

Ha destacado que "el verdadero corte de cirugía" de esta reestructuración se ha dirigido a las entidades de derecho privado, pues las fundaciones se reducen un 75 %, mientras se preserva el sector público, y ha aludido a los "sufrimientos y sacrificios" de la sociedad valenciana si no se hubieran tomado estas decisiones.

Ley forestal

El PP también se ha opuesto hoy en el pleno de las Cortes Valencianas a que se suprima la modificación de la ley forestal valenciana introducida en 2011 que permite cambiar el uso de los terrenos forestales incendiados antes de 30 años para obras e infraestructuras declaradas de interés general.

Así lo planteaba una proposición de ley del PSPV-PSOE, apoyada por Compromís y Esquerra Unida, que pedía anular el cambio que permite al Consell exceptuar la prohibición de cambio de uso forestal dentro del plazo general de 30 años mediante acuerdo justificado.

El Consell se había opuesto a tramitar esta iniciativa al afirmar que esa modificación de la ley forestal ha tenido como finalidad "en todo momento dotar de seguridad" a proyectos declarados de interés general que pueden discurrir por terrenos forestales incendiados, como el AVE Madrid-Valencia o la autovía A-3.

La oposición ha pedido revertir la ley forestal a la redacción inicial, para evitar un "efecto llamada" y para que no se repitan experiencias como la de Terra Mítica, construida sobre terrenos "acabados de incendiar", mientras que el PP ha defendido que el cambio de la ley "cierra la puerta a pelotazos urbanísticos".

El socialista Francesc Signes ha criticado que el PP "camuflara" en la ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2012 esa modificación y ha pedido que se vuelva a criterios "nítidos" en esta materia y no sometidos a "cambalaches ni componendas".

Según ha sostenido, el PP modificó la ley forestal para legalizar el vertedero de Dos Aguas, ubicado sobre terreno quemado, y ha pedido que no se repita la experiencia de Terra Mítica, construida sobre terrenos incendiados, pues a su juicio la intención de esta modificación legal es la misma.

La diputada del PP Verónica Marco ha reivindicado que el cambio de la ley forestal "no abre la puerta a la especulación urbanística", y ha lamentado que el PSPV "demonice" esta cuestión en la Comunidad Valenciana, donde es oposición, mientras que en Aragón la defiende.

Marco ha defendido que el Consell no da declaraciones de interés general "a troche y moche", sino con todas las medidas medioambientales, y ha instado a la oposición a sumarse a un gran pacto por el urbanismo que lo deje fuera del debate político, así como a dejar de utilizar los residuos "como arma arrojadiza".

El diputado de Compromís Juan Ponce ha alertado que este cambio legal puede tener un "efecto llamada", y Lluís Torró (EU) ha calificado de "aberrante" esta forma de legislar "a la carta", que introduce "vías de discrecionalidad" y que además supondrá que sigan los incendios "intencionados y los pirómanos".

Durante el debate, los grupos han expresado sus condolencias por el fallecimiento del padre de la diputada de Compromís Mònica Oltra, ante lo que su compañero de grupo Juan Ponce ha dado las gracias a todas las personas que han expresado su apoyo a la parlamentaria, que está pasando "momentos muy duros".