Condenado a siete años por estafar un millón con pisos protegidos

José González Fernández es un nombre demasiado corriente, casi vulgar, para un embaucador de tomo y lomo. Desde los años 80, González acumula seis condenas por estafa, un delito que ha convertido en obsesión. Y acaba de sumar una más a su brillante currículo. La Audiencia de Barcelona le ha condenado, esta vez, a siete años y medio de cárcel por hurtar 901.000 euros a más de 50 personas con falsas ofertas para comprar pisos de protección oficial.

González, cuyo estado de salud es grave —tiene 69 años, padece diabetes y sufre la “amputación paulatina de sus articulaciones”, según la sentencia— supo adaptarse a los tiempos. Entre 2007 y 2008, aún en plena burbuja inmobiliaria, el estafador reincidente “urdió una trama” para ofrecer la adjudicación de viviendas protegidas en construcción a distintos ciudadanos a cambio de un “anticipo”. González “fingió” que tenía “contactos” en el Ayuntamiento de Barcelona (“un tal Manolo”) y se ofreció a hacer de “intermediario” entre las entidades públicas y los compradores, según la resolución, a la que ha tenido acceso este diario.

Se ofreció a hacer de “intermediario” entre las entidades públicas y los compradores, según la resolución

El condenado se anunciaba con folletos y buzoneo. El boca-oreja funcionó. Y así, “más de 50 personas, la mayoría jóvenes que deseaban adquirir su primera vivienda”, se reunieron con él en unas oficinas de Barcelona. El hombre dio “apariencia de legalidad” a unos contratos por los que los jóvenes le entregaban distintas sumas de dinero —en torno a 20.000 euros— para “reservar” las viviendas.

Los jueces concluyen que hubo “engaño” porque González “fingió estar autorizado” para hacer de intermediario por el consistorio, que ha ejercido la acusación particular junto al Incasòl. El estafador apremió a los compradores y les explicó que no dependían de un sorteo porque, pese a que las viviendas eran de protección oficial, las instituciones cedían algunas de ellas a constructoras para que las asignaran libremente.

Las más de 50 víctimas son “jóvenes que querían comprar un piso”

En el juicio, celebrado hace un año, las víctimas admitieron que vieron una oportunidad de oro porque, en pleno boom, González ofrecía los pisos a precios asequibles: unos 150.000 euros. La Audiencia le impone una pena elevada por el valor de lo estafado, por tratarse de viviendas habituales y por multirreincidente. Además, le obliga a devolver el dinero y a pagar una multa de 1.320 euros, ya que su capacidad económica es ahora “ínfima”, señala la sentencia. Su abogada, Patricia Rodríguez, recurrirá la decisión.