Los socialistas dan documentos al fiscal para reabrir el caso del accidente de metro
Los socialistas consideran que hubo un delito de falso testimonio al preparar respuestas Una agencia de comunicación elaboró un cuestionario para la comparecencia en las Cortes
Los socialistas valencianos han pedido a la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana que abra una nueva investigación en torno al accidente de metro ocurrido en Valencia en 2006, que dejó 43 muertos y 47 heridos, al considerar que pudieron cometerse delitos de falso testimonio en las comparecencias de los responsables de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en la breve comisión parlamentaria que se celebró ese mismo año en las Cortes.
La diputada Ana Barceló ha indicado que han presentado tres documentos al ministerio público: los documentos que acreditan que los cargos de FGV fueron aleccionados por la agencia de comunicación H&M Sanchis, contratada por la propia empresa pública, para insistir en que el accidente fue inevitable y que el único responsable fue el conductor del convoy; las actas de dicha comisión parlamentaria de investigación, y una grabación del programa Salvados del pasado 28 de abril, dedicado al siniestro ferroviario. Barceló ha indicado que los comparecientes fueron advertidos antes de declarar de que debían decir la verdad o de lo contrario cometerían un delito de falso testimonio. Y ha recordado que el artículo 502 del Código Penal establece que aquel convocado "ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses".
La diputada ha añadido que, como consecuencia de ello, la comisión parlamentaria quedó "contaminada", dado que algunos comparecientes "omitieron la verdad" o faltaron a la misma.
Francisco Signes, diputado autonómico socialista, ha apuntado que la iniciativa persigue "esclarecer" lo que sucedió en los días posteriores al accidente, incluido el supuesto intento de ocultar los hechos, y contribuir a "que la ética traspase las paredes de la Generalitat y las Cortes".
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