La Junta acusa a Rajoy de acabar con la dependencia tras el último recorte

La Junta de Andalucía ha asumido que el sistema de atención a los dependientes está herido de muerte. El gobierno andaluz ha salido este jueves en tromba a criticar el recorte de 1.108 millones en dependencia que el Ejecutivo central ha incluido en el Programa Nacional de Reformas 2013 que ha enviado a la Comisión Europea. Para la Junta, si se confirma este nuevo “hachazo” al sistema, el derecho a recibir una prestación por dependencia habrá pasado a la historia.

“Si el Estado se retira de la dependencia, la dependencia no tiene futuro”, ha advirtido la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, quien ha asegurado estar “realmente preocupada” por las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en esta materia. Montero ha recordado que cuando se estrenó la ley (en 2007) el Gobierno central y el autónomo se repartían al 50% su financiación, el año pasado la Junta aportó más del 70% y el Ejecutivo central no llegó al 30%. Los nuevos recortes anunciados esta semana, advierte Montero, desequilibrarían aún más esta balanza y, en la práctica, harían inviable cumplir con la atención a los dependientes.

“Ninguna administración en solitario es capaz de poder establecer, desarrollar y consolidar un modelo de derecho” como el que fijó la ley aprobada en 2006, ha lamentado la consejera. Lo cierto es que los recortes económicos decretados ya por el gobierno de Rajoy y la asfixia económica de la Junta ya han acabado con este derecho para los nuevos dependientes, que se eternizan en las listas de espera para entrar en el sistema y, en muchos casos, fallecen antes de recibir ninguna prestación.

Montero se ha comprometido a seguir dedicando a la dependencia los recursos comprometidos y recordó que el decreto de exclusión social aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno contempla una partida de 20 millones de euros para frenar la caída del empleo en ayuda a domicilio. Pero la titular de Bienestar Social admitió también que los nuevos dependientes van a ser los grandes damnificados. “La Junta va a intentar sostener los derechos de los ciudadanos, pero, eso sí, ralentizando la incorporación de las personas dependientes al sistema”, ha afirmado. “No se puede para las mismas personas dependientes estar recibiendo hoy 200 millones de euros menos (en referencia a la caída de la financiación estatal para Andalucía) y sin saber cuánto menos tendremos dentro de dos meses”.

La consejera de la Presidencia, Susana Díaz, y el vicesecretario general del PSOE andaluz, Mario Jiménez, se han sumado a las críticas a los últimos recortes diseñados por el Gobierno y reprocharon también al Ejecutivo central la forma elegida para darlos a conocer. “En el último Consejo de ministros no se informó de nada y ayer (por el miércoles), un día de fiesta, se conocen los recortes a través de un documento que el Gobierno ha remitido a la UE”, ha lamentado Díaz. Jiménez, por su parte, consideró que el último recorte hace “inviable” la prestación a los dependientes. “No salen las cuentas, no es posible garantizar la prestación de los servicios de dependencia en Andalucía”, advirtió el dirigente socialista.

Para el PP, sin embargo, las denuncias del Gobierno andaluz son “una estrategia de demagogia” para ocultar que la Junta recorta más, aseguró, Carlos Rojas, portavoz popular en el Parlamento andaluz. Rojas evitó pronunciarse sobre el último recorte prometido a Bruselas por Rajoy y se limitó a asegurar que si la Junta “quitara grasa política de su Administración” tendría dinero para la dependencia.