El Consell obviará su ley para cumplir el fallo de las TDT

La tele sigue siendo la reina del ocio. En marzo, los españoles vieron la televisión una media de cuatro horas y 22 minutos al día, siendo los valencianos de los más teleadictos. Desde hace años, el consumo no deja de crecer.

Sin embargo, las cadenas de televisión pasan por un momento económico muy crítico debido a la crisis y a la drástica reducción de la tarta publicitaria. Además, el mercado se ha fragmentado de tal manera que resulta muy complicado cosechar una audiencia que permita llegar al umbral de rentabilidad. Lo saben muy bien aquellos que apostaron por la Televisión Digital Terrestre (TDT). Hay mucha más oferta que demanda; más cantidad que calidad; más cadenas que pluralidad.

Lo que iba a ser la panacea, un negocio tan cautivo y boyante que atrajo a empresarios sin ninguna experiencia en los medios de comunicación, se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para los afectados, que aqueja especialmente a todos los gobiernos que han legislado sobre la materia, y en particular, a la Generalitat valenciana, que padece algo más que una migraña.

El Consell va a adjudicar de nuevo las licencias de 42 cadenas de TDT de ámbito local porque su concesión en 2005 fue anulada por el Tribunal Supremo hace ocho meses. El Tribunal considera que la mesa de contratación, que debía evaluar los distintos candidatos, no ponderó los criterios recogidos en el pliego de condiciones, sino que dicha función la delegó o externalizó “a una empresa, Doxa Consulting”, con lo que incumplió “de forma flagrante su función”. También la de hacer pública su resolución, aunque pudiese contar con asesoramiento externo.

Para cumplir esta sentencia la Generalitat ignorará ahora de forma flagrante la Ley Audiovisual autonómica, de 2006. Por ejemplo, el artículo 44, relativo a las obligaciones de las concesiones administrativas “de garantizar determinados tiempos mínimos de emisión al día y cuotas de producción propia así como a respetar los límites de emisión de espacios publicitarios establecidos en las condiciones del concurso público para el otorgamiento de las concesiones”. Son sistemáticos en la mayoría de las cadenas los incumplimientos de la obligatoriedad de reservar un 25% de programación en valenciano o de contar con producción propia o de no emitir programas de tarot, de contactos o de prostitución encubierta en horario infantil.

Fuentes de la Generalitat explican su proceder: “Vamos a retrotraernos a la situación previa a la adjudicación de las licencias en 2005. Tenemos que cumplir escrupulosamente con la sentencia, y, por tanto, no podemos introducir ningún criterio nuevo que pueda invalidar jurídicamente nuestra decisión”. “Haremos una baremación nueva de las empresas. La mesa de contratación juzgará las ofertas que cumplían los requisitos del concurso resuelto entonces y, por tanto, no podemos juzgar nuevos requisitos por actuaciones a posteriori”, insisten las mismas fuentes.

Si una empresa ha cerrado o no está al corriente en los pagos a la Seguridad Social, como sucede con muchas, será eliminada y pasará la siguiente de la lista, tomando como base la clasificación que realizó la empresa Doxa. Porque desde la Generalitat se incide en que se trata de un “problema formal” y el Supremo no anula esta baremación sino la decisión de delegar totalmente esta función.

Hemos tenido un grave perjuicio económico, pero seguimos trabajando, eso sí con la espada de Damocles encima. No es fácil la solución al conflicto, estamos a la espera Conchi Álvarez, directora de Tele Elx

Ya se ha nombrado a los componentes de la nueva Mesa de Contratación, porque han cambiado las personas desde 2005 e incluso la dirección general a la que compete (ahora es la de Participación Ciudadana de Vicepresidencia). Y se están estudiando los expedientes de las empresas, según las mismas fuentes.

Desde que fue anunciada el 30 de diciembre de 2005 por el entonces consejero de Presidencia, Esteban González Pons, la concesión de licencias de TDT ha sido muy controvertida. La oposición acusó al Consell, presidido por Francisco Camps, de favorecer descaradamente a empresas afines al PP. Incluso el empresario José Luis Ulibarri, posteriormente imputado en el caso Gürtel, se hizo con 13 licencias, que luego vendió. El diputado socialista Josep Moreno, además, denunció que la Generalitat no ha sancionado a ninguna TDT por vulnerar la ley, aunque sí ha perseguido, por ejemplo, las emisiones de TV-3.

“El 90% de las concesiones están incumpliendo la ley”, apunta Conchi Álvarez, directora de Tele Elx, la cadena que interpuso el recurso ante el Supremo y lo ganó. Con 26 años de experiencia, Tele Elx no fue adjudicataria pero continuó emitiendo, lo que motivó una multa de medio millón de euros y una orden de cierre de la Generalitat, que recurrieron. “Hemos tenido un grave perjuicio económico, pero seguimos trabajando, eso sí con la espada de Damocles encima. No es fácil la solución al conflicto, estamos a la espera”, comenta.

También está a la espera el periodista Juli Esteve, promotor de Info TV, que tampoco recibió ninguna concesión: “Nosotros seguimos trabajando y apostando por una televisión plural, en valenciano y de calidad. A ver qué pasa”.

Sí consiguió una adjudicación Levante TV, que también emite en valenciano y tiene producción propia. Dada la depresión económica y la partición en demarcaciones que hacen muy difícil la viabilidad empresarial, su director, Francesc Piera, propone que se abra la posibilidad de emitir en cadena dentro de la Comunidad Valenciana para buscar sinergias e insuflar vida a un sector que se iba a comer el mundo.