La fiscal pregunta si Alaya asumirá el caso de trabajadores sin contrato en Empleo

La Fiscalía de Sevilla ha preguntado a la juez Mercedes Alaya si va a investigar el caso de los 19 empleados que trabajaron en la Consejería de Empleo sin que mediara contrato alguno. Los trabajadores realizaban funciones de asesoría jurídica, informática y secretaría entre otras, para la empresa Umax Consultores, pero desde la sede de la Dirección General de Trabajo cuando estaba dirigida por Javier Guerrero y su sucesor, Juan Márquez. Y ello sin que existiera contrato entre Umax y Empleo.

La Consejería de Economía envió el expediente del caso a la fiscalía el pasado enero, y ahora el gabinete jurídico de la Junta ha remitido la misma información del asunto a la juez Alaya. Ante el doble envío de la Junta a la fiscalía y el juzgado, ahora el ministerio público ha preguntado a la magistrada si investigará el caso, para cesar en sus propias diligencias, ya que un juzgado tiene prioridad para investigar. Dados los precedentes de Alaya y su capacidad para aglutinar toda irregularidad vinculada de alguna forma u otra con la Junta de Andalucía, es previsible que la juez asuma esta nueva vía de investigación. El caso de estos 19 empleados podría derivar en una causa por supuesta prevaricación y malversación, tal y como se estimó el asunto al ser remitido a la fiscalía. Pero de la investigación podrían derivarse más delitos, en función de la entidad del caso.

La paradoja es tal que estas 19 personas trabajaron sin contrato para Empleo desde el corazón de la Consejería, organismo que vela por el cumplimiento de las correctas relaciones laborales. Una aparente cesión ilegal de trabajadores que la Inspección de Trabajo nunca sancionó. En 2010 los responsables de Umax reclamaron a Empleo 1,2 millones de los salarios de los trabajadores durante un año y medio. Pero como en la Consejería no encontraron el contrato que justificara el gasto ante la Intervención, la respuesta al pago fue no. Tras amenazar con acudir a los tribunales, la empresa decidió cerrar. La consejería prescindió de los trabajadores y los recolocó más tarde en la Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).