El juez rechaza revisar las expropiaciones del aeropuerto de Castellón

La justicia ha rechazado el contencioso del Ayuntamiento de Vilanova d’Alcolea por el que reclamaba cerca de un millón de euros por los terrenos expropiados en 2002 para la construcción del aeropuerto de Castellón. Es la segunda vez que los tribunales tumban la petición del consistorio para que se revisaran unos precios firmados por el anterior alcalde, el popular José Manuel Rambla, mediante un acuerdo amistoso. Por los terrenos, tres parcelas de 47.000 metros, se pagaron 57.400 euros. El nuevo equipo de gobierno, encabezado por Francisco Oller (Agrupació Vilanova Independent), presentó una demanda hace más de un año reclamando un millón de euros al estimar que la expropiación se realizó valorando el suelo como no urbanizable y después se proyectó, además del aeropuerto, zonas como un hotel, un centro de convenciones, oficinas, etc.

“La primera demanda la desestimaron porque el anterior alcalde (Rambla) presentó la documentación con meses de retraso, ahora nos lo han vuelto a rechazar basándose en lo mismo”, ha explicado este miércoles el actual regidor. Según ha apuntado, están estudiando la sentencia para poder recurrirla.

El Ayuntamiento de Vilanova declaró nulo el acuerdo firmado por José Manuel Rambla en un pleno de 2011 y reclamó un informe para realizar una nueva valoración. La decisión estaba respaldada por el Consell Jurídic Consultiu (CJC), que concluyó que el exalcalde no tenía las competencias para firmar el acuerdo. Francisco Oller ha explicado que el juzgado no ha entrado a valorar si las expropiaciones fueron correctas. “Simplemente ha sentenciado que la documentación se presentó tarde desde un primer momento”, ha indicado.

El consistorio mantiene otros litigios abiertos. Tanto Vilanova como Benlloch han presentado contenciosos reclamando el pago de la licencia de obras y de actividad del aeropuerto. Ambos están a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia valenciano dicte sentencia después de que el Contencioso-Administrativo 2 de Castellón diera la razón a Aerocas. El tribunal consideró en su día que la petición de los ayuntamientos era nula porque no se ordenó la paralización de las obras en vistas a exigir la citada tasa. Aerocas alegó que, al tratarse de una obra de interés general y sujeta a ordenación territorial, el aeropuerto no necesitaba pedir la licencia.