El Gobierno andaluz recurre también el decreto que rebaja las tasas judiciales

El consejero de Justicia dice que las modificaciones "son de risa”

El consejero de Justicia, Emilio Llera.
El consejero de Justicia, Emilio Llera.José Manuel Vidal (EFE)

El Gobierno andaluz acordó ayer recurrir también el decreto ley del Gobierno central que modifica la ley de Tasas Judiciales al entender que vulnera el derecho a la igualdad y la tutela judicial efectiva por mantener unas cuantías elevadas que no tiene en cuenta la capacidad económica de las personas físicas y jurídicas.

La Junta de Andalucía ya presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional contra la ley de Tasas, pero al cambiar algunos aspectos y para que no decaiga su impugnación ha tenido que recurrir el decreto de manera “irremediable”, dijo el consejero de Justicia, Emilio Llera. El Ejecutivo autónomo cree que se vulneran los artículos 14 y 24.1 de la Constitución.

El consejero de Justicia aseguró que el decreto “es un barniz que maquilla la ley de Tasas para dar la impresión de que se han recogido las recomendaciones de la Defensora del Pueblo”.

Según sus estimaciones, el decreto supone tan solo un 5% menos en la cuantía de las tasas, discrimina a los trabajadores frente a los empresarios en los litigios y en los supuestos de conflicto entre los funcionarios y la Administración se mantienen la posición prominente de esta, que no paga tasas, frente al trabajador público.

Llera puso varios ejemplos para intentar demostrar que el Gobierno central no ha suavizado la dureza de la ley. Si el recurso de una multa de tráfico de 100 euros exigía el pago de una tasa de 200 euros, ahora, con el decreto, se pide 50 euros, la misma cantidad que se abonaría en periodo voluntario.

En el caso de una reclamación a una compañía de seguros que se niega a cubrir un siniestro valorado en 2.300 euros, la tasa baja en 10, de 312 a 302 euros. Llera calificó de “rebaja de risa” estas y otras modificaciones porque suponen el ahorro de unas cantidades muy pequeñas y confió en que la Oficina del Defensor del Pueblo que dirige Soledad Becerril no baje la guardia y acuda también al Tribunal Constitucional.

El Consejo de Gobierno celebrado ayer estuvo presidido por segunda vez por el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU). El presidente José Antonio Griñán no acudió por razones familiares.

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