Las universidades rechazan que el rector sea elegido por concurso
La comisión que estudia la reforma de la educación superior acaba sin consenso
Las universidades se resisten a cambiar la forma de gobernarse. Rechazan eliminar las elecciones a rector y que los dirigentes de los campus se elijan por concurso de méritos. También son reacios a que el gobierno universitario coja forma de patronato, lo que implicará una mayor presencia y control por parte de la Generalitat. Estos son algunos de los aspectos que los representantes de las universidades criticaron este lunes durante la reunión de clausura de la comisión de gobernanza que se creó hace un año y medio para abordar la reforma de las universidades y que ha finalizado sin consenso.
Los rectores han defendido en más de una ocasión el sistema actual —con elecciones en que participa toda la comunidad universitaria— por ser más democrática y alertan que un rector elegido a dedo, y que puede provenir de otra universidad, puede no ser bien acogido por el profesorado.
De la comisión sobre gobernanza (formada por la Generalitat, universidades, sindicatos, partidos políticos y patronales empresariales) surgió en julio una propuesta elaborada por una decena de sus miembros (una quinta parte) para reformar de arriba abajo las universidades. Uno de los cambios más notorios afecta a la estructura organizativa. El actual consejo de gobierno y consejo social se fusionarían en un patronato, algo que no convence a la mayoría de los componentes de la comisión porque ven una merma de transparencia. “Se perderá el contrapeso que realiza el consejo social, de vigilancia y control de las cuentas de las universidades y de su gestión” asegura un miembro de la comisión.
Algunas voces alertan de
Estudiantes y sindicatos también denunciaron posibles “injerencias de poderes políticos y empresariales” con el nuevo modelo universitario, ya que aumenta el poder de decisión de la Administración y del sector privado. Por el contrario, los estudiantes sí que celebraron que finalmente se haya contemplado su presencia en el patronato. En un primer momento, los estudiantes quedaban relegados solo a los órganos consultivos.
“Ha habido muchas opiniones divergentes. Aunque había voluntad de llegar a un consenso, no ha sido posible”, lamentó un miembro de la comisión. Los sindicatos UGT y CC OO, junto a ICV-EUiA, criticaron en un comunicado conjunto la “escasa receptividad” de los miembros de la ponencia “para recoger las opiniones y propuestas expresadas en los debates de la comisión”.
En lo que sí coincidieron los miembros de la comisión fue en reclamar que la reforma universitaria la diseñen las comunidades autónomas y las universidades (la competencia es del Gobierno central), según apuntó el secretario de Universidades, Antoni Castellà, al final de la reunión.
La Generalitat necesitaba un acuerdo, que aunque no fuera unánime, sí fuese mayoritario. Al Gobierno catalán le urge reformar el modelo de universidades en un momento en que las finanzas públicas pasan por un mal momento y se apuesta por aumentar la financiación privada. Pero también se quiere aprovechar para tocar aspectos sagrados hasta ahora, como los funcionarios. La Generalitat quiere potenciar la figura del profesor contratado por méritos por encima del funcionariado para mejor la calidad de la enseñanza y acabar con la endogamia en las universidades.
Los miembros de la comisión tienen ahora un mes para presentar sus propias propuestas de reforma universitaria. Todos los documentos se enviarán al Parlament con el deseo de buscar un consenso, que se prevé difícil. Esto deja a la Generalitat en una posición de debilidad ante la negociación con el Gobierno sobre la reforma universitaria que debe empezar en breve.
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