La fiscalía rebaja su petición de pena para Pacheco a seis años de cárcel

El juicio contra el exalcalde de Jerez, Pedro Pacheco, por la colocación de dos compañeros de partido como asesores en sociedades municipales entre 2005 y 2007 ha quedado visto para sentencia. En la jornada de conclusiones, tanto la Fiscalía como la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento rebajaron la pena para el histórico político andalucista. El Ministerio fiscal redujo a seis los años de prisión, frente a los 17 años y medio que solicitaba al inicio de la vista. Asimismo, bajó la inhabilitación absoluta de 28 años a diez. Pese a la revisión de la calificación, acusación pública y particular mantienen que Pacheco fue autor de tres delitos continuados de prevaricación, malversación y falsedad documental.

La Fiscalía sostiene que los contratos de ambos asesores “no se ajustan a la ley”. En el año 2005, el PSOE y el PSA de Pacheco firman un acuerdo de gobierno y aprueban en pleno municipal la contratación de un número determinado de asesores. Ocupadas ya esas plazas, Pacheco ficha a dos eventuales más en Speed Festival y Emusujesa, sociedades municipales vinculadas al área urbanística que él dirigía en virtud del pacto sellado entre ambos partidos. Esos contratos no se aprobaron en pleno y es en ese punto en el que el Ministerio público es implacable. “La legitimidad de los contratos la da el pleno. En una administración pública no se puede hacer lo que a uno le venga en gana. Es requisito indispensable e irrenunciable que los nombramientos se avalen en sesión plenaria, se publiquen en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y tengan concurrencia y publicidad. Una sociedad municipal, con fin público, no puede contratar de manera ajena”, alegó la fiscal Virginia Alonso. “Los contratos son arbitrarios, injustos, improcedentes y alarmantes. Se suscribieron sin causa y sólo para lucrase. El muñeco se vistió mal”, añadió.

El letrado contratado por el Ayuntamiento, Juan Pedro Cosano, concejal de la oposición en gobiernos de Pacheco y alcaldable por el PP en unas elecciones municipales de los años 90, afirmó que la única causa de los contratos fue “el enriquecimiento de los beneficiarios”, que percibieron en dos años algo más de 200.000 euros. “Se pagaba a cambio de nada”, llegó a decir Cosano en la jornada final de la vista. Un aspecto clave para la acusación particular radica en que el artículo 19 de los estatutos de la sociedad Speed Festival “reserva al consejo de administración la facultad de contratar”. “Pacheco no tenía facultades”, subrayó el abogado.

La defensa del veterano político andaluz reduce el caso a “meras infracciones administrativas”. El letrado Felipe Meléndez recordó en la última jornada del proceso que la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, delegó las competencias de las sociedades en el vicepresidente ejecutivo, Pedro Pacheco. “Tenía competencias y contrata”, alegó la defensa. Meléndez añadió dos argumentos más: que los contratos no fueron a pleno porque correspondían a “sociedades diferentes” y que los fichajes no se aprobaron en los consejos de administración porque se trataba de “asesores políticos” y cargos de confianza del propio Pacheco. La defensa admite que pudo haber “infracción” en los contratos o en las transferencias de pago, pero atribuibles “al cuerpo administrativo”. “Él se limitaba a firmar lo que le ponían por delante los técnicos. ¿Alguien recuerda que en esta sala el gerente de Speed Festival ha afirmado que las competencias eran del vicepresidente y que no le dejaría un contrato a su firma si no lo pudiera hacer?”. La redacción del contrato y los pagos fueron visados por el cuerpo administrativo. ¡Qué le pregunten a los técnicos que pasaron a firma y que no están imputados!”, protestó Meléndez. “Aquí hay una criminalización de algo que debería dirimirse en otro orden jurisdiccional, un contencioso administrativo”, concluyó la defensa.

Meléndez también reconoce la labor de asesoramiento que ejercieron los dos compañeros de partido contratados. “Hubo contenido. El mismo de otros asesores cuyos contratos fueron santificados por el pleno municipal”.