La Policía Municipal usará detectores de alcohol para multar en los botellones

La Policía Municipal interpuso 8.975 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública el año pasado, lo que popularmente se conoce como hacer botellón. En los primeros tres meses del año, han sido 1.830, un número relativamente menor porque aún era invierno. El fin de semana pasado, coincidiendo con un aumento de las temperaturas, se llevó a cabo una redada en la zona de la plaza de España, Moncloa y parque del Oeste, que concluyó con 621 denuncias. Las sanciones ascienden a 500 euros en el caso de los menores de edad, y 600 para los adultos, sin posibilidad ya de cambiar esa multa por un curso educativo, como hasta el año pasado.

En su boletín de denuncia, los agentes municipales debían especificar el alcohol que supuestamente estaba ingiriendo el presunto infractor. En las películas estadounidenses, los policías prueban con la lengua los alijos de droga de los que se han incautado para comprobar de qué sustancia se trata, y les basta con olfatear un vaso para saber que el villano estaba bebiendo whisky. Pero la vida, desgraciadamente o no, carece de guión. Cuando los agentes municipales denuncian el consumo de alcohol en la vía pública, deben demostrarlo. La legislación les otorga presunción de veracidad, es decir, su palabra vale más que la del supuesto infractor. Pero eso no implica que no deban probar su acusación.

¿Deben entonces los policías probar la bebida para comprobar que se trata efectivamente de alcohol y no, por ejemplo, una bebida refrescante de extractos? En una nota de servicio interior de la Policía Municipal del pasado 5 de noviembre, el jefe de la subinspección de Distritos Juan José Tamayo respondía a esta duda legítima, certificando que deben comprobar el “hecho consumado” (es decir, que la persona ha bebido del recipiente en la calle) y comprobarse con los sentidos (la acción de beber, el olor y el alcohol y el ruido producido)”. Y añade: “Si bien se pudiesen dar situaciones excepcionales o bien interpretaciones subjetivas y/o particulares de los agentes actuantes, en ningún caso se podrá hacer extensible y sistemática tal situación e interpretación a la totalidad de los casos”.

 En opinión de Jaime de Berenguer, concejal de Unión Progreso y Democracia, este “grave vacío legal” afecta a “las garantías de los ciudadanos y de los propios policías”, cuya “seguridad jurídica no se puede garantizar”. “¿Multaríamos a ojo a los conductores si no tuviéramos radares?”, se ha preguntado Berenguer esta mañana en la comisión municipal de Seguridad.

El coordinador general de Seguridad del Ayuntamiento (Partido Popular), Emilio Grande, ha respondido que la ley de drogodependencias en virtud de la cual se realizan las denuncias no prevé usar dispositivos para demostrar la infracción, bastando así con que haya indicios razonables. “Se ha pensando en utilizar etilómetros, pero estos aparatos no determinan el alcohol en un líquido sino en la tasa en el aire” del aliento del supuesto consumidor.

“Aplicamos la normativa, y hasta la fecha no ha habido ninguna cuestión que nos lleve a replantearnos que lo que estamos haciendo no es lo correcto. Los policías determinan [la presunta infracción] a través de todos los medios posibles”, ha añadido. Sin embargo, el Ayuntamiento ya está preparándose para la posibilidad de que “judicialmente cambien las circunstancias”, es decir, de que los tribunales atiendan a la reclamación de algún presunto infractor que aduzca que el agente no pudo determinar fehacientemente que el líquido consumido tenía contenido alcohólico. “Estamos viendo en el mercado posibles medios para mejorar la carga de la prueba”, ha añadido Emilio Grande.

Los aparatos en cuestión aún no están decididos, porque, según ha podido saber EL PAÍS, el área municipal de Seguridad se enfrenta al problema de que no están homologados (es decir, no cuentan con el sello oficial que los certifica como prueba de cargo), y ni siquiera está demasiado claro quién debe homologarlos (Gobierno o Comunidad de Madrid).