El juzgado ordena que comience la liquidación de Pérez Giménez

La secretaria del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba ha emitido este martes un decreto que implica el inicio de liquidación de los laboratorios Pérez Giménez. La firma, famosa por fabricar un calmante vitaminado, arrastra una deuda de unos 50 millones de euros. Tras entrar en concurso de acreedores, el entorno del último responsable de la firma, Sergio Martínez, presentó un convenio para salvar la empresa. Para salir adelante necesitaba al menos el apoyo de un 51% de los acreedores, pero solo ha logrado la adhesión del 2,53% de los mismos. Y ellos sumaban únicamente 459.745,56 euros de toda la deuda. Fuentes judiciales señalaron que fueron más los acreedores que se adhirieron al convenio, pero sus presentaciones fueron rechazadas porque no se atenían administrativamente al procedimiento.

El convenio que no ha salido adelante planteaba vender la fábrica a un inversor. Según los cálculos, con el dinero se pagaría el 10% de la deuda y, manteniendo la actividad de la fábrica y el empleo, se podría pagar el resto en cinco años. La empresa Gesfacor ya se había mostrado interesada en la oferta. Quienes diseñaron esta salida destacaban que es un sistema ágil y rápido para que atender las deudas. "Con ellos se evitarían despidos", señalaban. Pero para ello, subrayaban, el convenio contemplaría el compromiso del comprador en mantener los puestos de trabajo.

En cualquier caso, al no alcanzarse el mínimo requerido de apoyos a este convenio, la secretaria del juzgado ha ordenado que se abriese el procedimiento que lleva a la liquidación. El auto señala que existen cinco días para presentar recurso a esta decisión. UGT ya ha anunciado que piensa impugnar la decisión del juzgado, pues siempre se mostró a favor del convenio. Justo lo contrario que el sindicato con más representación: CTA, opuesto al acuerdo y receloso de la figura de Sergio Martínez. Este sindicato ha sido partidario de buscar una salida para la empresa y los trabajadores en la fase de liquidación. Por otro lado, el Ayuntamiento de Almodóvar del Río, que también es acreedor, se ha mostrado en contra del convenio.

Si la impugnación de UGT no sale adelante y prosigue el proceso de extinción, se intentará vender la unidad productiva del laboratorio en un solo paquete. Si no saliesen compradores, Pérez Giménez será troceada y sus activos se venderá por partes al mejor postor.