El Departamento de Territorio prepara un recorte del 25% para este año

El Gobierno de Artur Mas dilata tanto como puede la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat de 2013. No obstante, y mientras no llegan noticias sobre la deseada relajación del objetivo de déficit del 0,7%, sus consejerías llevan semanas elaborando las cuentas con un escenario totalmente restrictivo. El Departamento de Territorio ha encargado su presupuesto teniendo en cuenta como “hipótesis” un recorte que se mueve en torno al 25%, según diversas fuentes de la consejería consultadas por este diario, un porcentaje superior al planteado inicialmente.

La reducción, que supondría la pérdida de unos 350 millones de los 1.563 millones de euros con los que contó el departamento en 2012, podría comprometer diferentes partidas. Pero sobre todo las transferencias de la Generalitat a la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), responsable del servicio de bus y metro en el área metropolitana de Barcelona, y la inversión en mantenimiento y construcción de nuevas carreteras. Vila también tiene a su cargo las políticas de vivienda de la Generalitat y aseguró el pasado mes de febrero que se han reservado 200 millones de euros para asegurar el plan de alquiler.

A falta de poder ejecutar obra pública, Vila ha confiado su mandato a los ámbitos más sociales de su cartera: transporte público y vivienda. Las estrecheces presupuestarias, sin embargo, hacen ahora peligrar su hoja de ruta. Actualmente, del presupuesto consolidado de la consejería —el que integra al departamento y a las empresas que dependen de este— se destina al transporte público un 49% del total de los recursos.

El tijeretazo  cuenta con un agravante: en 2012 el 40% del presupuesto estaba comprometido con pagos vinculados a sistemas de financiación diferida de infraestructuras

El recorte en Territorio llega en un momento de fuerte debate sobre la financiación del transporte público y puede desembocar en dos cambios importantes: menos servicio y tarifas más caras. El presidente de la Autoridad Metropolitana de Barcelona, Joaquim Forn, aseguró hace unos meses que si el número de usuarios continuaba cayendo se tendrían que tomar medidas, en lo que parecía una referencia velada a la reducción de servicios.

La semana pasada el Colegio de Ingenieros de Caminos abogaba por incrementar las tarifas para poder financiar una red de transporte público que se ha ampliado en los últimos años sin haber percibido más recursos. De hecho, las aportaciones del Estado se redujeron un 42% el año pasado. Actualmente las Administraciones pagan el 52% del billete. El objetivo, no ocultado, es el de reducir ese porcentaje de forma paulatina.

El tijeretazo en el departamento que dirige Santi Vila cuenta con un agravante: en 2012 el 40% del presupuesto estaba comprometido con pagos vinculados a sistemas de financiación diferida de infraestructuras, aquellos que permiten empezar a pagar la obra una vez se ha concluido. Esa situación no variará este año, lo que quiere decir que la disponibilidad de gasto será todavía inferior. Según datos de la Generalitat, esos pagos diferidos alcanzarían este año los 886 millones de euros, 260 millones más que hace un año. No obstante, fuentes del departamento aseguran que en los últimos meses se han renegociado y que esa cifra se habría reducido ligeramente.

La construcción de nuevas infraestructuras del transporte están completamente descartadas. Vila ya ha anunciado que el ritmo de obras de la línea 9 del metro se vuelve a frenar. En carreteras no hay nuevos proyectos. Y la empresa pública Infraestructures, el brazo ejecutor de la obra pública de la Generalitat, contempla en los dos próximos años que se reduzca la obra de la Generalitat otro 50%. Mientras tanto, el consejero intenta sintonizar con la ministra de Fomento, Ana Pastor, y desencallar inversiones, como el desdoblamiento de la N-II a su paso por Girona y la red de Rodalies, que estarían ultimándose, como aseguraron ayer.