El sector agrario pide que se limiten a 100.000 euros las ayudas de la PAC

Coincidiendo con la última fase de las negociaciones de la Política Agraria Común (PAC), la que lleva a cabo el llamado trílogo que componen el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea, organizaciones agrarias andaluzas han intensificado las movilizaciones para intentar modificar el borrador del nuevo documento, que consideran muy lesivo para los 280.000 agricultores de la comunidad que reciben ayudas de Bruselas.

Las tractoradas protagonizadas por UPA y COAG han puesto el acento en que la reforma propuesta no defiende la actividad productiva ni el modelo profesional de agricultor, además de alertar sobre el trasvase de fondos que podría haber desde Andalucía a otros territorios con una tasa plana.

Uno de los temas que más preocupa es el concepto de agricultor activo que tiene Bruselas, pues lejos de acotar las ayudas a los pequeños agricultores ha aumentado el techo desde los 200.000 euros actuales a los 300.000. “Sería inaceptable un reparto de ayudas indiscriminado que supusiera el trasvase de fondos de los profesionales agrarios a los propietarios de la tierra ajenos al sector”, indica el secretario regional de COAG, Miguel López, que reivindica que se establezca un máximo de 100.000 euros por perceptor, para que las ayudas vayan a los agricultores en activo y “no a aquellos titulares de explotación que se mantienen en el agro con fines especulativos”.

López estima que si se establece ese tope de ayudas habría un remanente de 350 millones para estimular la agricultura. Un planteamiento que también comparte el secretario regional de UPA, Agustín Rodríguez, quien acuñó el concepto de “agricultores de sofá” para referirse a los grandes perceptores de subvenciones.

Tanto COAG como UPA critican que la propuesta que se baraja incluye cuestiones muy perjudiciales como la posibilidad de incrementar el número de hectáreas elegibles, sin tener en cuenta su dedicación real a la actividad productiva ni tampoco el empleo generado en ellas. Por eso piden al Gobierno español que acote el número de hectáreas que vayan a entrar en el nuevo sistema de ayudas.

Con todo, el mayor impacto para Andalucía vendría del establecimiento de la tasa plana para todas las hectáreas. Esa medida tendría un impacto mucho mayor en las provincias con predominio del olivar.