El juez procesa a Baltar por enchufar en la Diputación “a quien le vino en gana”

La fábrica de votos a cambio de empleos del PP gallego se tambalea. José Luis Baltar, el patrón que durante dos décadas encabezó orgulloso la política caciquil de los conservadores en Ourense, será juzgado por enchufar a 104 personas en la Diputación Provincial que presidía, entre enero y marzo de 2010. Enchufes que sirvieron para apuntalar la sucesión de poder de Baltar su hijo José Manuel como líder del PP de Ourense en un congreso provincial celebrado en 2010. El Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense ha ordenado el procesamiento del que fuera uno de los más poderosos barones del PP gallego, imputándole formalmente un delito de prevaricación. El magistrado Leonardo Álvarez emitió ayer un auto en el que considera a Baltar el cerebro único de los enchufes: apunta contra él pero rechaza imputar delito alguno al jefe de personal, al secretario general y al exinterventor de la Diputación.

El juez asegura que Baltar “se limitó a contratar a aquellas personas que le vinieron en gana, atentando contra la función pública” y “prescindiendo de las formalidades establecidas” para estos procesos. Además, lo hizo para facilitar que su hijo alcanzase la presidencia del partido en Ourense. El auto judicial vincula los contratos a dedo con el encarnizado congreso en el que los baltaristas se enfrentaron al candidato oficial del PP impulsado por Alberto Núñez Feijóo y Mariano Rajoy. Según el magistrado, hay indicios suficientes para procesar al cacique porque “la mayor parte de las personas beneficiarias” de los enchufes eran “afines, de uno u otro modo, al PP”, y porque lo hizo “en vísperas del congreso que tenía por objeto nombrar presidente, resultando curiosamente elegido su propio hijo”.

Baltar se saltó el proceso legal para contratar a su antojo. En concreto omitió la “fiscalización previa de los contratos por el servicio de intervención así como la correspondiente publicación” de los puestos de trabajo para que cualquier ciudadano tuviese acceso a los empleos públicos. De hecho, al magistrado le llama “poderosamente la atención” que la mayoría de las personas contratadas en esos tres meses tengan una vinculación directa o indirecta con el PP, “lo cual es lógico puesto que eran las únicas que tenían conocimiento de la existencia de estas ofertas”.

Los enchufados eran elegidos a dedo. Baltar lo sabía y, según el auto, formalizó los contratos a través de ocho decretos firmados de su puño y letra sabiendo, “indudablemente”, que era ilegal. El documento asegura que las explicaciones del cacique durante su declaración fueron “poco creíbles” porque “actuó a sabiendas de la injusticia de las resoluciones”, ya que “tenía perfecto conocimiento de que en las contrataciones se prescindía por completo de los trámites procedimentales”.

Durante la investigación judicial, Baltar explicó que actuó basándose en informes que acreditaban la necesidad de personal en la Diputación. Sin embargo, el juez asevera que esos informes “no existen”. Resalta que el expresidente de la Diputación afirmó haberlos visto, pero el magistrado recuerda que los ayuntamientos que, según Baltar, habían reclamado personal lo han negado cuando fueron reclamados durante la fase de instrucción. También destaca que los enchufes suponen “una quiebra de la confianza que los ciudadanos deben tener en la credibilidad de las instituciones públicas”. En los últimos años, Baltar ha dado empleo en la Diputación de Ourense a más de 400 cargos del PP, o familiares directos suyos, según ha documentado EL PAÍS en numerosas informaciones.