El PSPV propone en Les Corts la medida andaluza contra los desahucios

El PSPV-PSOE de Les Corts Valencianes presentará una proposición de ley que plantea expropiar temporalmente, como máximo tres años, el uso de inmuebles embargados a personas con riesgo de exclusión social, y sanciones a las entidades financieras que no destinen a alquiler sus viviendas vacías.

Así lo ha anunciado la diputada socialista María José Salvador, quien ha explicado en un comunicado que la propuesta, que va en la línea del decreto ley aprobado por la Junta de Andalucía, pedirá también que se cree un registro de viviendas deshabitadas, del que se excluirán las residencias secundarias, de recreo y de uso turístico.

El objetivo de la proposición de ley es que "se apliquen medidas excepcionales para casos excepcionales" a inmuebles en procedimiento de desalojo que ha sido instado por entidades financieras.

El texto concretará que estas viviendas deberán ser vivienda habitual y permanente, que el préstamo pendiente iba destinado a pagarla, que el desalojo pueda generar situación de exclusión social, y que el propietario haya sufrido circunstancias económicas sobrevenidas.

Los socialista pedirán asimismo que la recaudación que se obtenga de las sanciones que se apliquen a las entidades financieras que no destinen sus viviendas a alquiler se reservará para patrimonio público de suelo de la Generalitat y a la financiación de políticas públicas de vivienda.

"Coincidimos en que la solución a la crisis no puede pasar por aumentar la burbuja inmobiliaria", sino que se debe centrar en el fomento del alquiler y en las viviendas vacías que tienen las entidades financieras en la Comunidad Valenciana, ha explicado Salvador.

Según la diputada, en la Comunidad las entidades financieras tienen unas 30.000 viviendas vacías, cifra que se eleva a 150.000 si se incluyen las de particulares y promotores.

Salvador ha calificado de "gran fracaso" el Plan extraordinario de alquiler de interés social del Consell, que a pesar de que entró en vigor en 2011, solo había adjudicado 42 viviendas hasta el pasado 8 de febrero.

"Es necesario el impulso de medidas contundentes para garantizar la protección de las familias en riesgo de exclusión social" en la Comunidad Valenciana, ha asegurado la diputada, para quien es "urgente" que el Consell ponga en marcha "medidas para asegurar la función social de la vivienda".

A su juicio, la defensa de la "función social" de la vivienda tiene especial relevancia en estos momentos, ya que desde 2008 hasta 2012 ha habido 50.000 desahucios en la Comunidad, según el Consejo General del Poder Judicial.