El fiscal pide el archivo de otra causa contra Gordillo por una ocupación

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha devuelto a un juzgado de Posadas (Córdoba) la causa sobre la ocupación el pasado mes de agosto del jardín del hotel construido en el antiguo Palacio de Moratalla, en Hornachuelos. Esta acción fue liderada, entre otros, por el parlamentario y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU).

La sala de lo Civil y Penal del TSJA remite la causa al juzgado cordobés para que celebre juicio de faltas si los hechos así lo requieren o termine la instrucción si considera que hay delito. La devolución se produce después de que el fiscal solicitara el archivo en el alto tribunal y pidiera el traslado de las diligencias al juzgado de procedencia por si los hechos pudieran ser considerados falta.

Fue una de las acciones que el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) realizó durante el pasado verano. Los hechos, en este caso, se refieren a la ocupación por parte de unas 150 personas de los jardines del Palacio de Moratalla el pasado 21 de agosto. Una vez en el interior de la finca, el propio Gordillo y el secretario general del SAT, Diego Cañamero, reunieron al grupo y dieron instrucciones para que no entrara nadie al interior del palacio y permanecer hasta que llegara una orden de desalojo, que llegó el 22 de agosto por la mañana.

El representante de los propietarios denunció los hechos pero renunció a la posible indemnización de daños y perjuicios por ser estos mínimos y estar reparados pronto. Una empresa tasó los daños en 389 euros más 15 que sumó el propietario. Durante el día que permanecieron allí, numerosos sindicalistas se bañaron en la piscina exterior.

Como el fiscal es la única acusación personada en la causa y no aprecia la existencia de delito, se ha remitido al juzgado de Posadas las diligencias a fin de que establezca si los hechos son constitutivos de falta.

En el auto de la Sala Civil y Penal del TSJA, contra el que cabe recurso de súplica, los magistrados recuerdan que, antes de elevar a la sala una causa en la que intervengan personas aforadas, como es el caso de Sánchez Gordillo, hay que “completar la instrucción” y hacer el suficiente acopio de “elementos incriminatorios”, como establece el Tribunal Supremo.

Por ello, insisten, se devuelve todo el proceso al juzgado cordobés para que determine si los hechos que se atribuyen en el atestado policial a Sánchez Gordillo y el resto de imputados constituyen un delito, que sería de daños o usurpación, o una falta y celebre juicio en su caso.

Si los considera delito, previamente debe tomar declaración al resto de imputados identificados, salvo al aforado, y luego justificar para elevarlo a la sala los indicios que hay de que Sánchez Gordillo participó en la comisión de esos hechos. Nada de eso se ha efectuado, argumentan los magistrados. El juzgado se limitó a dictar un auto en el que escuetamente señalaba que la conducta denunciada “pudiera ser constitutiva de un delito de daños y usurpación”.