El papel de UGT en las prejubilaciones

Las organizaciones sindicales en nuestro país tienen un papel definido por la Constitución y la legislación específica. En el caso de Andalucía, el propio Estatuto de Autonomía las referencia. Como organización de trabajadores, nuestra finalidad es defender los intereses de los mismos. Quien confunde, intencionadamente, a la opinión pública hoy asimilando la función del sindicato con intereses mercantiles y afán de lucro instiga el linchamiento de los mismos.

En relación a las empresas en crisis, el trabajo de los sindicatos ha estado guiado por la defensa estricta de los trabajadores afectados planteando, ante empresas y Administraciones Públicas, soluciones a sus problemas. En la década pasada en Andalucía se produjo la crisis en cascada de cientos de empresas. Ante esta situación, promovimos cientos de movilizaciones para lograr escenarios adecuados en los que negociar salidas en cada empresa y exigiendo a la Junta de Andalucía y al Estado la implementación de una política sociolaboral que permitiera atender a los trabajadores afectados, actuaciones encaminadas a:

— Garantizar el máximo empleo y mantener la actividad de la empresa.

— Búsqueda de medidas, lo menos traumáticas posibles, para aquellos trabajadores que no pudieran mantener su empleo (recolocación, indemnizaciones, ayudas sociolaborales…)

— Prejubilaciones, en los casos en los que los trabajadores reunían los requisitos.

El conjunto de medidas aplicadas permitió salvar miles de empleos y que los trabajadores y sus familias no cayeran en la más absoluta pobreza.

Entre los años 2000 y 2010, los ERE afectaron en Andalucía a 81.464 trabajadores, el 5,3% del total de afectados en toda España con lo que podemos afirmar rotundamente que Andalucía no es la tierra de los ERE.

En esa década, se acogieron a las prejubilaciones 6.473 andaluces, menos del 8% del total en Andalucía. Las prejubilaciones fueron solo una más de las medidas empleadas de todo el conjunto de actuaciones exigido por los sindicatos a empresas y administraciones públicas.

El papel de UGT Andalucía, entidad con personalidad jurídica propia, fue únicamente el de propiciar los escenarios necesarios para alcanzar acuerdos. No participamos nunca en el desarrollo de las actuaciones previstas en cada acuerdo ni tuvimos jamás ninguna relación económica con otros actores relacionados con la ejecución de las medidas. UGT Andalucía nunca ha recibido ni un céntimo como consecuencia de la aplicación o desarrollo de esos acuerdos. La intervención del sindicato se ha realizado siempre a través de las organizaciones sectoriales dirigidas y asesoradas por sus direcciones estatales.

Cuando los servicios técnicos y entidades de aseguramiento de las organizaciones sectoriales, los llamados “entornos” de los sindicatos, han prestado sus servicios especializados (cálculos actuariales, asesoramiento, informes técnicos, etcétera) ha sido siempre respondiendo a la exigencia legal y sujeto a la legislación que regula sus actuaciones. Es radicalmente falso que el sindicato se haya dedicado a la búsqueda de empresas en crisis con objetivos espurios. La intensidad y dimensión del trabajo sindical se puede contrastar de las hemerotecas de los mismos medios que hoy lo denostan, lo ocultan o lo malinterpretan intencionadamente.

Aun así, contrastadas las actuaciones irregulares o ilegales de algún afiliado al sindicato hemos actuado radicalmente; expulsando a quienes se habían beneficiado de las medidas sociolaborales sin corresponderles. Además, nos hemos personado como acusación en el proceso con la indiscutible intención de colaborar para que quienes, desde el sindicato o fuera del mismo, han hecho un uso impropio de las medidas de ayuda a los trabajadores lo paguen según corresponda en justicia.

La conflictividad social en Andalucía fue una de las características de la pasada década, pese a la política de ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía. Quienes afirman que no hubo trabajo sindical y que las ayudas sociolaborales a los trabajadores son el “precio” de una supuesta paz social mienten o ignoran, intencionadamente, una realidad fácilmente comprobable.

Manuel Pastrana Casado es secretario general de UGT