Los partidos designarán en tres meses al defensor y al director de RTVA

Los tres grupos del Parlamento y el Gobierno andaluz han empezado la semana con buenos propósitos. En la primera reunión para abordar la renovación de órganos elegidos por la propia Cámara, se han propuesto llegar a un acuerdo en tres meses para elegir al director general de RTVA y al Defensor del Pueblo, cuyo mandato expiró hace 13 meses.

Las conversaciones también afectarán a los consejos sociales de universidades y a la revisión de funcionamiento de la Cámara de Cuentas. Este método de negociación permite lo que se llama coloquialmente un intercambio de cromos, de modo que nadie pierda y todos ganen algo. Pero también puede acabar en un fracaso y en un gran atasco si cada grupo mantiene posiciones maximalistas.

De momento, los portavoces popular, Carlos Rojas; socialista, Francisco Álvarez de la Chica; y de Izquierda Unida, José Antonio Castro, dijeron estar dispuestos a lo mejor. También fue esa la posición manifestada por el Ejecutivo, a través de la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, tras reunirse durante una hora con los partidos en sede parlamentaria La meta es que haya consenso antes del final del actual periodo de sesiones, que acaba en el mes de junio. Según dicen, no hablarán de nombres “hasta el final” de las negociaciones, “en la última curva”, serán “el último eslabón”, una vez que tengan claro “los modelos” y “los perfiles”. “Hay coincidencia en que no haya guerras de nombres”, dijo Castro. Habrá que esperar a ver si estos virtuosos pronósticos se cumplen, pero en casi todas las ocasiones anteriores lo que ha predominado ha sido la trifulca.

En el caso de la RTVA, una de las mayores empresas de la Junta con 1.587 trabajadores, hay acuerdo en el punto de partida: la de preservar la RTVA como una sociedad pública, conservar los empleos, garantizar la estabilidad de la empresa y, añadió el PP, la neutralidad política. Díaz acotó que este aspecto se incluirá en la ley del Audiovisual y será un principio que regirá para todos los medios de comunicación públicos, es decir, también para los de titularidad municipal.

Respecto al director general de la RTVA también hay consenso en que antes de fichar a alguien de fuera, “el primer sitio donde hay que buscar es en la propia casa”, dijo De la Chica.

Tanto la elección del director general de la RTVA como del Defensor del Pueblo necesita mayoría cualificada del Parlamento. En el caso de la RTVA, la sorpresiva dimisión de Pablo Carrasco, anunciada el 12 de marzo pasado, se ha solventado modificando mediante decreto ley la norma de creación de la empresa pública. El periodista Joaquín Durán ha asumido de manera interina la RTVA al frente de una subdirección general. En caso de bloqueo, el decreto ley permite prolongar esta situación hasta que se celebren nuevas elecciones.

Andalucía es de las pocas comunidades que obliga a que el director general sea elegido por consenso del Parlamento: en una primera votación por mayoría de dos tercios (72 votos de un total de 109) y por tres quintos (65), en una segunda. Es decir, que es necesaria la participación de los 50 diputados del PP, como grupo mayoritario, ya que los dos grupos que sostienen al Gobierno —PSOE (47) e IU (12)— no garantizan la elección.

En el caso del Defensor del Pueblo, el mandato de José Chamizo expiró el 1 de marzo de 2012. Es su tercer mandato. El PP está por que otra persona coja el relevo, cuando afirma, como ayer reiteró Rojas, un cambio de aires. IU defiende su continuidad, mientras que el PSOE no se sabe con exactitud qué opina, pero la tibieza que muestran los dirigentes socialistas sobre Chamizo —que ocupa una de las instituciones más valoradas por los andaluces— lleva a pensar que está por su relevo. Cuando se le preguntó ayer a la consejera de la Presidencia si creía necesario un “cambio de aires” en la Oficina del Defensor, contestó que no entendía lo que significaba esa expresión, pero inmediatamente recordó que Chamizo lleva 17 años en el cargo y que “no sabía” si la ley permite un cuarto mandato. La ley no establece ninguna limitación de tiempo.

La posición de Izquierda Unida es favorable no solo a que el sacerdote gaditano continúe en su puesto, sino también a que se cambie la ley del Defensor para que tenga reconocidas las competencias que le asigna el Estatuto de Autonomía. En la anterior legislatura, el grupo socialista hizo valer su mayoría absoluta para rechazar un cambio normativo.