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POLÉMICA MUERTE

El triángulo judicial del ‘caso Cabacas’

La justicia trata de acreditar la autoría del disparo, si hubo negligencia en la actuación policial o si la muerte del seguidor del Athletic fue un hecho fortuito

Los padres de Iñigo Cabacas, durante el homenaje del pasado viernes en Bilbao.
Los padres de Iñigo Cabacas, durante el homenaje del pasado viernes en Bilbao. efe

La investigación judicial que se sigue por la muerte del joven seguidor del Athletic Iñigo Cabacas mantiene hoy, cuando se cumple un año de su fallecimiento, todas las hipótesis abiertas para explicar unos hechos desgraciados ocurridos el día 5 de abril de 2012: una pelota de goma lanzada por un ertzaina en una carga policial en los aledaños de San mamés impacta en la cabeza del mencionado aficionado, causándole la muerte cuatro días después. En realidad, son tres los supuestos principales que se están barajando en el juzgado. Según fuentes del caso, el abanico abarca desde la opción “hecho fortuito” hasta el “homicidio imprudente”. Si no se logra acreditar la autoría del disparo, cabría una tercera vía siempre que se demuestre que hubo algún grado de negligencia en el operativo policial o en las órdenes dadas a los 63 agentes que intervinieron aquella noche de fiesta tras el partido de fútbol entre el Athletic y el Schalke 04.

Tres hipótesis y otros tantos protagonistas (familia, Ertzaintza y Fiscalía) configuran el triángulo judicial del caso Cabacas.

El primer supuesto —fue un suceso imprevisto— es la tesis que viene defendiendo la parte oficial. Como ha llegado a afirmar esta pasada semana el director de la Ertzaintza, Gervasio Gabirondo, todo fue el resultado de “un accidente”. “Nadie tenía la voluntad de causar el daño que se ha creado”. Es la misma tesis que ha sostenido quien estaba al frente del Departamento de Interior (ahora de Seguridad) cuando se produjeron los hechos, el socialista Rodolfo Ares. Sin embargo, fuentes de la fiscalía consultadas consideran que “es difícil entenderlo así cuando el disparo alcanza a Iñigo Cabacas a la altura de la cabeza”. Las personas que ese día estaban festejando en la calle María Díaz de Haro el pase del Athletic a la semifinal europea aseguran que la intervención de los ertzainas se produjo “a poca distancia” de los aficionados.

Para justificar la acción expeditiva del operativo policial, el Gobierno vasco aduce que cuando los agentes acudieron al lugar, reclamados por una urgencia sanitaria, fueron recibidos de modo violento, con lanzamiento de objetos, por la que tuvieron que despejar la zona con material antidisturbios.

La dirección de la Ertzaintza sostiene que es muy difícil dar con el autor del pelotazo

La acusación que ejerce la familia del fallecido, representada por la abogada Jone Goirizelaia, discrepa frontalmente de esa versión y se muestra convencida de que todo fue el resultado de una “carga policial total y absolutamente injustificada y desproporcionada”, perpetrada “sin ningún aviso” previo a los concentrados.

La familia, amigos y allegados de Cabacas solo contemplan una línea de actuación en el juicio: “Nuestros esfuerzos están centrados exclusivamente en dar con el autor material del disparo” que provocó la muerte del joven, explica Goirizelaia, quien tiene claro que en este caso concurren los delitos de homicidio por imprudencia y de omisión del deber de socorro.

Las pesquisas judiciales, a cargo del Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao, tratan de dilucidar quién fue el agente que realizó el disparo y si existió algún tipo de negligencia media o grave en la actuación policial a la vista de las directrices que los ertzainas recibieron de sus mandos. “Si no se da con el autor y, además, se demuestra que no hubo una orden expresa de disparar de manera indiscriminada contra la multitud, el procedimiento podría archivarse por falta de pruebas”, indican fuentes jurídicas.

La dirección de la Ertzaintza sostiene que va a ser “muy difícil, casi imposible” saber quién fue el agente del fatídico disparo. “Es muy probable que no lo sepa ni él mismo”, ha afirmado Gabirondo. En ese escenario, la instrucción judicial se orientaría en otra dirección: esclarecer si los policías recibieron órdenes “indebidas” de sus superiores y si estas son constitutivas de un delito por imprudencia o negligencia, o bien son merecedoras de pagar algún tipo de responsabilidad que nadie hasta la fecha ha asumido por esta tragedia.

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