Acaba la accidentada instrucción del caso que afecta a Terra Mítica

El juez que investiga el caso Terra Mítica, Francisco Silla, ha dado por concluida esta semana la accidentada y larga instrucción de la causa, una de las más polémicas de la década pasada. Los hechos investigados sucedieron en los años 2000 y 2001, cuando el parque temático pagó supuestamente por servicios inexistentes (a semejanza del reciente caso Emarsa) mediante la fabricación de facturas falsas que, según el ministerio fiscal, alcanzaron los 4,4 millones de euros. En el proceso, según la Fiscalía y la Abogacía del Estado, se cometieron varios delitos fiscales. El juez ha dado por concluida la causa con 37 imputados, entre los que destacan Luis Esteban, que era presidente del parque temático; Miguel Navarro, director general; Justo Valverde, director de contratación, y Antonio Rincón, director técnico.

El caso generó gran interés al principio debido a que los principales implicados, incluido el empresario Vicente Conesa, eran muy cercanos a Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat. Zaplana fue alcalde de Benidorm, donde se ubica Terra Mítica, y suya fue la decisión de levantar el parque. Las posibles conexiones con el exjefe del Consell no se materializaron durante la instrucción, y el caso fue quedando en un segundo plano a medida que pasaban los años.

A la espera de que acusaciones y defensas se pronuncien sobre la apertura de juicio, entre los 37 imputados figuran casi todos los directivos del parque y una constelación de empresarios que, según la investigación, produjeron las facturas falsas.

La accidentada instrucción incluyó incluso el sobreseimiento de la causa para la antigua cúpula de Terra Mítica, parque que costó grandes cantidades de dinero a la Generalitat y las extintas cajas de ahorro valencianas, Bancaja y CAM. El juez instructor lo dictó en marzo de 2011 al no encontrar suficientes indicios de delito contra los acusados, y lo confirmó en respuesta al recurso presentado por las acusaciones, entre las que junto a la Fiscalía y la Abogacía del Estado está el PSPV-PSOE.

La decisión del magistrado fue revocada, sin embargo, por la sección tercera de la Audiencia de Valencia en julio de aquel mismo año. Los tres jueces que resolvieron la apelación consideraron que cualquiera que fueran los controles implantados en Terra Mítica estos “se vieron burlados si se llegaron a abonar facturas por servicios no prestados por un importe tan elevado”, que la sección tercera estimó “en principio” en 1,3 millones de euros.

El fiscal, el juez y la sección tercera de la Audiencia coincidieron, en cambio, en mantener el sobreseimiento para Miguel Ángel Izquierdo, que era director financiero del parque. El motivo, señaló la sección tercera, es que Izquierdo “si autorizó los pagos de las facturas fue porque venían visadas por los departamentos de contratación y técnico y que precisamente por denunciar las irregularidades que detectaba fue despedido de la empresa”. Izquierdo, recordaron los jueces, declaró en 2006 que el director general “hizo caso omiso” a su intento de “acceder a los contratos que justificaban las facturas (supuestamente falsas) para mejorar el control del gasto”.