Seguridad desmiente la versión ‘abertzale’
Señala que la alcaldesa de Lezo reconoció que no había tipo ilícito alguno en el ataque al 'PaP'
El Departamento de Seguridad ha salido al paso de las críticas de Bildu por la actuación de la Ertzaintza en Lezo, donde se requirió su presencia por los desperfectos sufridos en una instalación del servicio de recogida de basura "puerta a puerta" (PaP). La parlamentaria de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia atribuyó a un "grupo de incontrolados del PNV" los daños causados al mobiliario, consistentes en la retirada de postes de recogida de este sistema que habían sido desatornillados.
Seguridad ha precisado que, sobre las 21,45 horas, la Ertzaintza recibió una llamada de la Policía Municipal de Lezorequiriendo la presencia de una patrulla en la calle Tomás Garbizu, ya que vecinos de la zona habían retirado los postes de recogida de basuras "puerta a puerta" y la alcaldesa pedía la presencia de algunos agentes. A la llegada de la patrulla, junto con la alcaldesa se encontraban varios agentes municipales y un grupo de unos treinta vecinos de la localidad. Los municipales comunicaron a los ertzainas que cinco de las personas allí presentes habían "causado desperfectos" en los nuevos soportes para las basuras.
Siempre según el relato del Departamento de Seguridad, la alcaldesa solicitó a la Ertzaintza que identificara a los cinco presuntos autores, dado que se negaban a ser identificados. Uno de los vecinos reconoció ante los ertzainas haber desatornillado los postes mientras el resto, por contra, afirmó no haber participado en la acción. Según los vecinos, el ayuntamiento les habría colocado en la fachada de su vivienda los soportes para la basura sin tramitar antes el permiso oportuno. Los ertzainas constataron, asimismo, que no había daños materiales y que únicamente se habían desatornillado y retirado los soportes.
Ante esta situación los agentes decidieron no identificar a las personas, dado que la propia alcaldesa reconoció que no había ilícito penal alguno y que, en cualquier caso, al tratarse de un supuesto incumplimiento de una ordenanza municipal la práctica de diligencias era competencia de la propia policía local. Finalmente, la alcaldesa mostró su desacuerdo y pidió el número profesional a los agentes, que se lo facilitaron.
