Cien días para el caos laboral

Los agentes sociales llevan nueve meses atrincherados. Apenas si quedan cien días para que el 25% de los trabajadores vascos se queden absolutamente desregulados en sus condiciones laborales, incluida jornada y salario, y ni unos ni otros están siendo capaces de dar pasos efectivos para ponerle remedio. El tiempo pasa, y ninguna de las partes se atreve a mandar emisarios con propuestas capaces de preservar la negociación colectiva del mayor obstáculo al que se enfrenta: las dos últimas reformas laborales del Gobierno de Mariano Rajoy.

El fin del modelo ya tiene fecha, el siete de julio y si no media un pacto, la individualización de las condiciones laborales abrirá un escenario a priori caótico. En esa fecha el problema ganará visibilidad al dejar a 200.000 asalariados —de unos 60 convenios sectoriales— desprotegidos, —al cumplirse el límite un año desde la pérdida de vigencia de sus convenios— pero deja a otros 300.000 más en puertas de sufrir ese vacío. Además, hay otros 170.00 vascos que están en directamente en el desempleo.

A partir de esa fecha el convenio de referencia para esos 200.000 trabajadores será el Estatuto de los Trabajadores que regula una jornada de 40 horas semanales, y el Salario Mínimo Interprofesional que fija un mínimo retributivo de 645 euros al mes, ya que no tienen un convenio estatal de referencia. La situación es especialmente dura en Gipuzkoa, donde 90.000 trabajadores, casi la mitad del total se van a ir directamente al Estatuto ya que de los 34 convenios que les afectan 22 desaparecen y no tienen referente estatal. “Curiosamente, sobre todo los sindicatos nacionalistas, tienen en sus manos enviar a miles de trabajadores vascos a las condiciones que regulan los convenios vigentes en España”, critica un asesor sindicalista.

"Los sindicatos están

“Da la impresión de que los sindicatos están totalmente descolocados”, apunta el catedrático de Economía Aplicada de la UPV, Felipe Serrano, tras advertir de que los paganos son los trabajadores de las pequeñas empresas, la mayoría del tejido industrial vasco. “En ese periodo de transición entre el fin de un modelo y el inicio de otro, los principales perjudicados van a ser los asalariados de pymes”, explica el académico. La inédita situación laboral que se va a crear y la incertidumbre y dudas que genera en torno a las condiciones de todos esos trabajadores, no están sirviendo de acicate para resolverla, y unos y otros siguen anclados en posturas irreconciliables cuando los empleados de firmas sin representación sindical pueden convertirse en las víctimas directas de la mayor pérdida de condiciones desde el advenimiento de la democracia.

“No creo que en general ningún empresario se atreva a bajar el salario un 20% o un 30%, pero pueden aplicar el resto de las condiciones del Estatuto como aumentar la jornada, congelar el salario, y eliminar algunos festivos o derechos adquiridos, como ya ha hecho la administración central y la vasca en el sector público”, sostiene Serrano. Ni las fuerzas sociales ni la patronal creen que se vayan a producir enormes recortes salariales, salvo quizás en muy pequeñas firmas de ciertos sectores como el pequeño comercio u hostelería en los que hay mucha volatilidad laboral y los contratos precarios se suceden.

El problema de “descoloque” de los sindicatos que describe Felipe Serrano se debe, sobre todo, al hecho de que ahora, los tres ejércitos de la negociación están en manos de la patronal. Después de 30 años y varias reformas laborales tiene capacidad y ley para acabar con la negociación colectiva de un plumazo y dejar todo el peso de la regulación de las condiciones laborales en el ámbito de la empresa. Si hasta ahora no había acuerdos entre patronal y sindicatos a la hora de renovar un convenio, las condiciones se prorrogaban indefinidamente, en medio de las amargas protestas patronales.

"A la patronal le interesa preservar la negociación colectiva"

Tras la reforma, las condiciones decaen, en medio de las amargas protestas sindicales. Si hasta ahora los trabajadores, sobre todo los de las pequeñas empresas afrontaban las tormentas negociadoras con ese paraguas, ahora, no solo van a estar a la intemperie, sino que además, en el caso de convenios vigentes, las empresas tienen capacidad para descolgarse y enviar la discrepancia a un tercero para que la dirima. La patronal, que también justifica su existencia en la negociación colectiva, analiza, sin ningún dato de referencia, las consecuencias de cada paso que da. Prueba y error en un contexto económico y social muy deteriorad. ELA ha puesto sobre la mesa en vísperas del Primero de Mayo —y cuando CC OO y UGT intentaban tender puentes para lograr una celebración más compacta aunque fueran convocatorias diferentes—, la necesidad de una huelga general que sólo comparte LAB.

“Una patronal inteligente en esta coyuntura ha de ser una patronal generosa”, asegura el asesor, para quien Confebask es la primera interesada en preservar la estructura de la negociación colectiva. “Debiera de poner sobre la mesa qué está dispuesta a ceder para no llegar a individualizar las condiciones laborales”, un proceso que nadie sabe cómo puede acabar. El problema es que los sindicatos le piden a la patronal que renuncie a las herramientas que les ha dado Rajoy y esta no está dispuesto a hacer dejación de ninguna.

El último intento por resolverlo se frustró el pasado año en febrero. Confebask, CC OO, UGT, y LAB protagonizaron una serie de reuniones, en ausencia de ELA, para blindar el ámbito de la negociación provincial en un acuerdo interprofesional. No funcionó. El consejero de Empleo y Asuntos sociales, Juan María Aburto y el presidente del Consejo de Relaciones Laborales (CRL), Tomás Arrieta, coinciden en lo básico al proponer un acuerdo entre todos que minimice las consecuencias de las reformas laborales y que deje en Euskadi no solo la negociación, repartida entre el ámbito sectorial y de empresa, sino la resolución de la discrepancia en las empresas, en el seno del Preco.