El fiscal pide cuatro años de cárcel para el empresario Armiñana por alzamiento

La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para el empresario Juan Armiñana, a quien acusa de un delito de alzamiento de bienes, en relación con su inmobiliaria, que presentó la petición de concurso voluntario de acreedores en diciembre de 2008, según han confirmado a Europa Press fuentes del ministerio público. La Fiscalía considera a su mujer autora del mismo delito, por lo que pide para ella otros cuatro años de prisión y exige que cada uno pague 12.000 euros de multa.

Tras estudiar el concurso de acreedores de la mercantil, el fiscal remitió este procedimiento al juzgado al estimar que había indicios de delito contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes. El Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia se hizo cargo de las investigaciones.

La Fiscalía, según publica este miércoles Las Provincias, sostiene que el mes anterior a que Armiñana presentara el concurso de proveedores de su empresa dedicada a la promoción y construcción de viviendas urbanas, "sacó activos de Promociones Inmobiliarias y los transfirió a otras sociedades de las que también era socio único o junto a su esposa". De acuerdo con el escrito del fiscal, el objetivo de la maniobra era "conservarlos en su poder y evitar que fueran destinados a pagar deudas".

En la calificación fiscal consta que la compañía pasó de tener un balance patrimonial de más de 11 millones a un déficit de 100.000 euros a comienzos de 2010. Se solicita al juzgado de lo Mercantil que informe sobre la resolución del concurso y si fueron anuladas las transferencias que efectuó el empresario con anterioridad a la presentación de la solicitud, y que causaron "un agravamiento generalizado de la situación de insolvencia".

Armiñana, que es también actual presidente de la Federación de Fallas de Especial y de la falla Nou Campanar, presentó en el juzgado el 19 de diciembre de 2008 la petición de concurso voluntario de acreedores de la entidad Promociones Armiñana.

En ese momento, la compañía, creada en 1994, precisó que todas las promociones estaban acabadas, y aclaró que más del 90% de los acreedores eran bancos y que en ningún caso mantenía deudas con subcontratatas, proveedores e industriales.

Tras presentar este concurso, todas las partes involucradas, inclusive el fiscal, tuvieron que calificar si el procedimiento era "culpable" o "fortuito", según señalaron en ese momento fuentes del ministerio público. En este caso, se decidió que era "culpable" y que había indicios de delito contra Hacienda y un presunto delito de alzamiento de bienes. Por este motivo, se dedujo testimonio al empresario valenciano y desde Fiscalía se remitió el asunto al juzgado, al hallar indicios de delito.

La inmobiliaria de la que Armiñana era administrador único -y que se dedicaba a la explotación comercial de locales de negocio, directa o indirectamente o a través de sociedades participadas; el alquiler de bienes muebles o inmuebles y de fincas rústicas o urbanas; y la explotación de servicios hoteleros, hosteleros, discotecas y otros-, figura como disuelta en diciembre de 2011.