Diez años de prisión para el neonazi que pegó una paliza a un indigente

Mykhaylo Tsyku, alias El Ruso aunque en realidad es ucraniano, pasará 10 años en prisión por haber pegado una brutal paliza a un indigente mientras dormía en un fotomatón de Madrid en agosto de 2009. Así lo ha decidido la Audiencia Provincial en una sentencia contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo tras un juicio que arrancó con polémica por el alegato fascista de uno de los abogados defensores de los cuatro acusados, en el que tildó a los sin techo de "parásitos de lo decente".

En la sentencia, comunicada hoy, la Sección Séptima de la Audiencia considera a Mykhayklo autor de un delito de lesiones con el agravante de alevosía —penado con de nueve a 12 años de prisión—, por lo que le impone una pena de 10 años. La fiscalía pedía para él el máximo, dos más. Además, cuando salga tendrá una orden de alejamiento durante 14 años. No podrá acercarse a menos de 500 metros a su víctima, Rafael Santamaría Fernández, ni comunicarse con él. 

Mykhaylo, a quien uno de los acusados dijo haber visto "pegar y pisar" en la cabeza a la víctima "poseído por la ira", también deberá hacer frente a la mitad de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular. Los otros tres acusados, Javier Royo Blasco, María Leticia García Durán e Iván Lorente Vázquez, han sido condenados por omisión del deber de impedir delitos a 24 meses de multa a razón de 10 euros diarios (unos 7.000). El tribunal los absuelve no obstante del delito de lesiones del que también los acusaba la fiscalía, que había solicitado para ellos 10 años de cárcel. Impone además a cada uno de ellos la sexta parte de las costas del procedimiento.

Rafael, que sufrió una hemorragia cerebral que lo dejó en coma y tuvo que estar ingresado 541 días, recibirá la indemnización de 300.000 euros por las lesiones y perjuicios sufridos que pedía la fiscalía, de los que Mykhaylo deberá asumir 200.000 y los otros tres acusados, 100.000. A causa de la paliza, Rafael sufre lesiones neurológicas que le impiden realizar por sí solo cualquier actividad de cierta complejidad. En el juicio, el mendigo, que ahora tiene 35 años y vive en Zamora, admitió que de aquella noche solo recuerda que se despertó en el hospital. “No merezco lo que recibí”, se lamentó.

La Sección Séptima no ha tenido en cuenta la circunstancia de discriminación para todos los acusados que pedía la acusación popular, ejercida por Movimiento contra la Intolerancia. Este colectivo los acusaba de pertenecer a grupos de extrema derecha. De hecho, uno de ellos es  miembro del partido ultraderechista Alianza Nacional. En el juicio, Mykhaylo, que tenía apenas 19 años cuando cometió la agresión, ahora 24, rechazó ser un neonazi con el argumento de que a veces tiene que raparse la cabeza porque sufre una dermatitis seborreica. También dijo que en realidad es "comunista" y que no podría ser filonazi porque su abuelo murió en la II Guerra Mundial. El último de los acusados, Enrique Simón G. C., no ha comparecido y está en busca y captura.

Mientras tanto, se sigue a la espera de lo que ocurra con el abogado ultra, Ángel Pelluz. A sus 90 años y después de 61 ejerciendo, el letrado, que defendía de oficio a Iván y a María Leticia, puede ser procesado por su escrito de defensa, unas declaraciones que reiteró durante el juicio contra los cinco cabezas rapadas. Para Pelluz, los vagabundos "no son personas humanas" sino "cánceres de la sociedad que deberían ser extirpados". "La mierda siempre se ha recogido", insistió, lejos de retractarse. La fiscalía pidió a la sala que deduzca testimonio contra el letrado; es decir, que pida a un juzgado de instrucción que estudie si cometió un delito cuando dijo, por ejemplo, que la indigencia es una provocación.

La decisión sobre si se le abre o no procedimiento se espera para mañana mismo, según fuentes jurídicas. Para el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, sus expresiones pueden constituir “clarísimamente” un delito de incitación a la violencia. El Colegio de Abogados anunció que iba a actuar de oficio contra Pelluz, a quien aplicará estrictamente “la normativa deontológica que regula la actuación de los abogados”.