El sueño fallido de Alberto Fabra

“Castellón no se puede permitir el modo de vida que han elegido, sus casas van a ser derribadas”. Cristóbal recuerda de memoria la frase que el ahora presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, pronunció en una de las primeras reuniones con los vecinos afectados por el PAI Mestrets, el gran plan para la ciudad, de casi un millón de metros cuadrados para 6.295 viviendas (la mitad de VPO) en una zona de masets tradicionales. El programa incluía terrenos anexos en otros puntos de la ciudad para construir el centro de convenciones de Santiago Calatrava, la sede de la VIU de Frank Gehry, la ronda oeste y la ciudad deportiva, pero cargando a medio centenar de vecinos con el coste de las dotaciones.

La frase que cita Cristóbal la corroboran media decena de vecinos más. Son una parte de quienes decidieron emprender una batalla legal contra el PAI que continúa a día de hoy. Residen en la zona oeste de la ciudad, cerca del campus universitario, y en las paredes todavía se leen pintadas de aquellos años de lucha.

Fabra era, en aquella reunión, concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Castellón. Con él nació este gran plan que se anunció antes de las elecciones municipales de 2003 y que integró la mayor parte de sus compromisos en los comicios siguientes. El PAI despertó una oposición vecinal nunca vista hasta entonces: no hubo pleno en cinco años al que no acudieran los propietarios afectados.

Mestrets era el gran sueño de Alberto Fabra para Castellón, pero diez años después, la justicia y la crisis han bloqueado este desarrollo urbanístico. El Consell ha descartado levantar el rectorado de la VIU y el centro de Calatrava auspiciados en la época en la que nacieron la mayor parte de los proyectos faraónicos de la Generalitat. La ronda se ha construido al desvincularse del plan. Y el PGOU, anulado, deja también sin soporte al PAI.

El portavoz del equipo de gobierno y edil de Urbanismo, Miguel Ángel Mulet, sostiene que cuando la economía mejore y las empresas puedan afrontarlo, Mestrets seguirá adelante. Pero las expectativas se han topado con la realidad. El Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA), agente urbanizador, acaba de suspender durante dos años, prorrogables a otros dos, la construcción de la mayor parte de las viviendas. El proyecto, cuya previsión era desarrollarse en pocos meses, se ha eternizado y su viabilidad es discutible.

El proyecto requería del desalojo y derribo de medio centenar de viviendas levantadas algunas a principios del siglo XX en zona no urbanizable, pero contando con los servicios y pagando contribución urbana. El 80% optó en su día por el acuerdo. “Se pactaron indemnizaciones por las casas, pero no se han cumplido y no se ha cobrado”, explica José Antonio Felip, presidente de la asociación de vecinos Mestrets-Poble Sec. “Entonces decían que se iba a hacer muy rápido y la gente pactó por no quedarse sin nada”, apunta. Fue el inicio de la degradación de la zona: algunas casas fueron okupadas y otras derribadas. “No te puedes ir porque pierdes la casa, ahora hay más okupas que residentes”, dice Clemente Agost, uno del 20% de vecinos restantes que apostó por la vía legal.

Los vecinos que abandonaron sus casas aún no han cobrado

José Antonio Felip explica que la gente se marchó porque desde el Ayuntamiento, con Alberto Fabra a la cabeza, insistían en que las obras eran inminentes. “A mí me falló la salud y tomé la decisión de marcharme. Ahora no puedo volver a mi casa”, dice Ángela Salax, portavoz de los afectados por el PAI. No es la única que habla de la angustia vivida en aquellos años. Todos los afectados pasaron por tratamiento psicológico y se acuñó el síndrome Mestrets.

“Entonces, que te tocara un PAI así en tu finca era como que si te tocara la lotería, el problema aquí es que afectaba a la vivienda”, sostiene el abogado urbanista Vicente García Nebot. Para él, el que se cargara a los vecinos con el coste de las dotaciones de otros puntos de la ciudad no fue más que “una estrategia para obligar a vender” la finca a las constructoras. “Fue lo que hizo la mayor parte”, recuerda.

La oposición en el Ayuntamiento de Castellón insiste en que este proyecto debe adecuarse a la realidad y replantearse de nuevo. Hasta que llegue ese día, los vecinos que resisten en sus casas respiran algo más tranquilos: “El año pasado hice obras en mi casa, antes no me atrevía por si te la tiraban después”.