La ruina de las preferentes

El balance de la Gran Recesión es demoledor. Cada año que se prolonga la crisis no hace más que engrosar los ciudadanos que pierden algo en el camino. Unos se han quedado sin casa, otros sin empleo, otros han perdido parte de su sueldo... Miles de personas han perdido también casi todos sus ahorros al no poder salir de la trampa de las participaciones preferentes. La decisión del Gobierno sobre el canje de este producto de riesgo para los casos de Bankia —en la que se integró Caixa Laietana— y CatalunyaCaixa no ha hecho sino acentuar el malestar entre los más de 50.000 afectados que han dejado las cajas.

Las entidades no solo despacharon preferentes entre sus clientes. También colocaron deuda subordinada, perpetua y con vencimiento. Productos, todos ellos, conocidos como híbridos, que son complejos y que pese a sus riesgos terminaron muchas veces en manos de personas que no pretendían otra cosa que mantener sus ahorros a buen recaudo. Ahora el Gobierno ha fijado quitas cuantiosas que, literalmente, han hecho desaparecer ahorros que en ocasiones había costado toda una vida reunir.

Los poseedores de preferentes de CatalunyaCaixa son unos de los más castigados de todos, puesto que de media se estima que perderán el 61% de lo que tenían. Ello se debe, según fuentes del mercado, a que las emisiones de las preferentes de la antigua caja eran las más antiguas —anteriores en cualquier caso a 2001— y las de menor rentabilidad. La pérdida, además, puede ser incluso mayor, porque deberá ser un valorador quien en última instancia fije el precio de ese producto.

En total, CatalunyaCaixa tiene colocados 1.170 millones de euros en híbridos, de los cuales 510 millones eran preferentes, 102 millones corresponde a deuda subordinada perpetua y el resto a deuda con vencimiento. Desde CatalunyaCaixa estiman que devolverán 214 millones de euros, el 35% de los productos sin plazo de devolución. Esa cantidad se devolverá mediante el arbitraje. Hasta el 25 de marzo, la Agencia Catalana del Consumo (ACC) había recibido 8.663 reclamaciones, había empezado a tramitar 5.114 y había dictado 1.136 laudos. Prácticamente todos dan la razón al cliente.

Los clientes de la antigua Caixa de Catalunya perderán el 61% de lo invertido

Las asociaciones de usuarios, sin embargo, consideran que la criba para ir al arbitraje se hace a “dedo”. Ello se debe a que los casos que llegan a la ACC lo hacen porque la entidad financiera acepta el arbitraje. “Son casos flagrantes, por lo que es casi seguro que la agencia dictará que se les devuelva el dinero. Pero a muchos otros se les niega esa posibilidad, por edad, por estudios o por inversiones anteriores”, asegura Raúl Gaitán, de la Asociación de Usuarios de Bancos, Bajas y Seguros de Cataluña (Aicec-Adicae).

Un financiero que pide no ser identificado admite que se han cometido errores, pero defiende que deben recuperar su dinero solo quienes fueron inducidos o directamente engañados. “A una señora de 70 u 80 años no tenía sentido colocarle un producto perpetuo, así que a ella habría que devolverle el dinero”, afirma. Otra cosa, sostiene, es un “notario o un abogado”. “Habría que ver los estudios o antecedentes inversores. Alguien que había tenido derivados o los grandes patrimonios sí deben asumir pérdidas”, sostiene. Sin embargo, los usuarios rechazan que quien decida quién puede acudir y quién no al arbitraje sea la propia entidad financiera.

Quienes en su día tuvieron participaciones preferentes de Caixa Laietana y hoy títulos de Bankia, sin embargo, no tienen la opción de acudir a la ACC porque realizaron el canje de un valor por otro y hoy se consideran accionistas. Los afectados de la antigua caja del Maresme se concentran en esa comarca, en especial en la ciudad de Mataró. El Ayuntamiento calcula que hay 15.000 afectados. Y a esa cifra hay que añadir los posibles compradores de preferentes de otras entidades financieras. El alcalde de Mataró, Joan Mora (CiU), lleva un año y medio denunciando lo que considera un “gran engaño” que ha empobrecido de golpe a al menos el 12% —uno de cada ocho— de los vecinos de la ciudad.

“Toda esta gente, que eran ahorradores, y ahora pasan a ser inversores”, denuncia el alcalde de Mataró. El 90% de los poseedores de preferentes, en efecto, canjeó sus títulos por acciones, que el Gobierno ha valorado en un céntimo de euro. Y así, algunos hogares vieron cómo sus ahorros pasaban de 40.000 a 40 euros de un plumazo.

Afectados que invirtieron 40.000 euros, ahora tienen 40

Mora dice que “quiere confiar en la palabra” del ministro de Economía, Luis de Guindos, quien dijo que se hallaría una solución para los preferentistas de Laietana, pero apremia a encontrar esa salida. “¿Vamos a esperar a que la gente se tire por el balcón, como con los desahucios?”, inquiere Mora, que recuerda el canje de Bankia, de dudosa legalidad, fue llevado a la fiscalía por el Síndic de Greuges.

La alternativa al arbitraje son los tribunales. El bufete de abogados Col·lectiu Ronda presentó el año pasado medio millar de demandas. Òscar Serrano explica que se están alcanzando muchos acuerdos con entidades que devuelven el dinero. Recientemente, recuerda, un juez de Mataró anuló el canje de deuda subordinada de Caixa Laietana y obligó a Bankia a devolver 33.000 euros a la afectada. El despacho ha visto todo tipo de casos en esta crisis. “Bonos islandeses, estructurados, productos de Lehman Brothers, cláusulas suelo de las hipotecas, los swaps…”, resume.

Las historias de los afectados tienen elementos comunes: un empleado de banca “de confianza”, gente mayor sin experiencia en productos financieros, supuestos depósitos a plazo… “Pero también hay personas jóvenes, trabajadores a los que el director de oficina les decía que el producto era fantástico...”, señala Serrano.

Casi todos los afectados acuden a la vía de lo civil, pese a que algunas prácticas sugieren un delito de estafa. El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona Joan Queralt duda sobre algunos casos, pero, señala, lo ve claro en muchos otros. “A veces pudo la avaricia, pero en muchos casos el cliente del banco firmaba sin saber qué estaba aceptando, simplemente porque confiaba en lo que le recomendaba el empleado de su oficina de toda la vida”, explica.

“Estamos recomendando a cada cliente que interponga una demanda civil para que se declare la nulidad del contrato o el canje”, asegura Joan Mora, quien ha puesto en marcha desde el Ayuntamiento incluso servicios de atención emocional a los afectados. La solución, sin embargo, sigue sin llegar, y Mora ve cómo la indignación de 15.000 afectados que se hallan en un callejón sin salida amenaza incluso con derivar en “problemas de orden público”.