¿Quién paga el Plan Renove?

Algunos instaladores eléctricos cuestionan la subvención La cuantía del incentivo es de 120 euros por contador

Un operario revisando un cuadro eléctrico.
Un operario revisando un cuadro eléctrico.Claudio Álvarez

Desde febrero, en la Comunidad de Madrid hay en marcha un Plan Renove de Instalaciones Eléctricas Comunes (PRIEN) que estará vigente hasta el 30 de noviembre, pero con previsión de continuidad.

La cuantía del incentivo es de 120 euros por contador, y será abonado a la comunidad de propietarios una vez finalizada la reforma. Estas ayudas son para la renovación de las instalaciones eléctricas comunes en los edificios de viviendas, mejorar sus condiciones de seguridad y favorecer la eficiencia energética. No hay que olvidar que un 30% de las 158.000 viviendas de la comunidad tienen instalaciones eléctricas de más de 40 años.

Este plan es de financiación privada. Nace de un convenio que el Gobierno regional, a través de la Fundación de la Energía, ha firmado con tres asociaciones de instaladores, distribuidores y entidades de inspección: APIEM, ADIME, ASEICAM, Iberdrola y Unión Fenosa Distribución.

La Comunidad de Madrid quiere continuar con planes Renove, con este nuevo enfoque de la colaboración público-privada. Y aquí empieza el problema. En realidad, ¿quién paga los 120 euros por contador? Algunos instaladores de Madrid lo tienen claro: el cliente final, el vecino.

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Califican el plan de “engaño”. Dicen estar indignados y creen que se está jugando con su trabajo. “Nos estamos planteando incluso emprender medidas legales”, dice un instalador de la Comunidad de Madrid especialista en reformas. Su empresa no está metida en el plan. “Solo nos adheriríamos si un administrador de fincas conocido nos lo pidiese y la comunidad, aún sabiendo que va a pagar más, lo quiere como garantía adicional”, explica. Otras empresas, “ante el temor a perder cuota de mercado, se han adherido a última hora, conocedoras de que no pueden asumir la subvención”, dice.

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Con la crisis, el margen de beneficio de los instaladores ha caído. Está entre el 8% y el 10%, y además suelen dar financiación a 24 o 36 meses sin intereses a la comunidad. “Si tuviera un margen mayor, por ejemplo un 25%, se podría destinar un 15% a la subvención y ganar la diferencia, pero en la práctica nadie puede llevar tanto margen y ser competitivo”.

“No queda otra que repercutir esos 120 euros en el consumidor, inflando el precio en las facturas para luego bajarlo”, según uno de los instaladores que denuncia.

El problema está en que hay muchos presupuestos entregados hace meses y ahora los administradores y presidentes quieren actualizarlos para acogerse a la subvención. Que la Comunidad de Madrid esté detrás les genera confianza. En este caso, los instaladores que no lo puedan afrontar tienen dos opciones: negarse a hacer el trabajo o plantear nuevas actuaciones sobre la instalación eléctrica para poder repercutir la subvención.

Las empresas instaladoras adheridas al plan tienen que depositar en APIEM 120 euros más IVA (21%), es decir, 145,20 euros por vecino. “A la hora de facturar una instalación, al ser menor del 40% el importe de los materiales, el IVA facturado a la comunidad es del 10% (130 euros). Así, incluso en el caso de repercutir a la comunidad esos 120 euros más IVA por vecino, tampoco recuperaríamos el dinero. Tendríamos que cargar más de 120 euros, con lo cual, aparte de ser engañado, acaba poniendo más dinero del que recibe”, explica un instalador.

APIEM niega la mayor. “Los 120 euros no los abonan los consumidores. El incentivo que se le ofrece a la comunidad —y que debe ser aportado por el instalador una vez realizada y legalizada la reforma— es de 120 euros por contador. Después será abonado a la comunidad cuando se verifique que el expediente ha sido tramitado de forma correcta. Es un plan de iniciativa privada para promover reformas donde estas instalaciones no cumplan criterios de seguridad, garantizando que los trabajos se realizarán a través de empresas instaladoras autorizadas”.

La respuesta de la Consejería de Economía y Hacienda va en la misma línea: “Los 120 euros no los ponen los consumidores. Proceden de pequeñas aportaciones que hacen entre APIEM, las compañías eléctricas, las instaladoras y las Entidades de Inspección y Control Industrial (EICI), que renuncian a parte de su margen de beneficio en aras de atender a más usuarios. No obstante, desde la Comunidad de Madrid no obligamos a ningún instalador ni comunidad a que realicen estas reformas a través del Plan Renove”. En honor a la verdad, en el convenio figura que esas asociaciones solo se hacen cargo del coste de dar publicidad y divulgación al plan y de los gastos de gestión, no de las subvenciones.

Para evitar confusiones, es aconsejable que la comunidad pida al menos tres ofertas y luego decida.

Sobre la firma

Sandra López Letón

Redactora especializada en el sector inmobiliario, del que informa desde hace más de dos décadas. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en EL PAÍS. Actualmente, escribe en el suplemento de información económica 'Negocios'. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

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