El pasivo de la herencia recibida

Las preguntas sobre el caso del fraude de los ERE han vuelto a dominar las ruedas de prensa del Consejo de Gobierno y del PSOE de Andalucía con parecida intensidad al último año de la anterior legislatura, cuando todos daban por segura la victoria del PP en Andalucía en las elecciones del 25 de marzo.

La línea de investigación abierta por la Guardia Civil sobre las cuantiosas comisiones —por ahora calculadas en 50 millones de euros— que percibieron los intermediarios de los expedientes de regulación de empleo domina de nuevo la agenda política.

El mismo día que Gobierno, patronal y sindicatos firman un destacable acuerdo por el empleo, la juez ordenó la detención de una veintena de personas dentro de la llamada Operación Heracles. En la conferencia de prensa que ofreció el pasado lunes José Antonio Griñán para valorar el primer aniversario de su triunfo político, de las 13 preguntas que se le hicieron, 12 fueron sobre los ERE. Y fue ahí donde por primera vez, Griñán no rechazó que el grupo socialista hubiera cometido un error al no apoyar las conclusiones de IU, en la comisión de investigación del Parlamento, que señalaban a los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández como responsables políticos de un fraude continuado durante diez años del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

La versión oficial y oficiosa en el PSOE es que la juez instructora del caso, Mercedes Alaya, “por fin” está siguiendo la pista del dinero defraudado, en lugar del procedimiento administrativo ideado para conceder las ayudas sociolaborales a trabajadores y en el que, en anteriores autos, la magistrada apuntaba a la responsabilidad de Griñán durante su etapa como consejero de Economía y Hacienda. Incluso Griñán apremió a la juez el lunes a que investigara las ayudas recibidas por las empresas. “La manera de investigar es seguir el rastro del dinero, no hacer política”, dijo. Lo que sí hay en el PSOE actual es una queja sobre el “pasivo de la herencia recibida” del Gobierno andaluz que presidió Manuel Chaves, ahora que se encuentran gobernando en coalición con Izquierda Unida y creían haber pasado página política al mayor caso de corrupción de Andalucía en 30 años de gobierno. Es verdad, que desde el minuto uno en el que estalló el escándalo los socialistas siempre han situado el dique de la responsabilidad política en Guerrero. De ahí no se han movido. Pero también es cierto que de haber apuntado más arriba no todos los diputados del PSOE hubieran votado igual, en el pleno del Parlamento con el que culminó la comisión de investigación y que el propio Griñan calificó de “fiasco”.

Aunque el PP intenta meter presión a IU “por tapar lo que siempre ha denunciado”, la federación de izquierdas no se siente concernida por lo que ocurrió antes de entrar en el Ejecutivo. El portavoz de IU, José Antonio Castro, suele responder cuando en las reuniones internas le preguntan por los ERE: “¿El perro es nuestro? No. Que cada palo aguante su vela. Creemos que el Gobierno actual no tiene responsabilidad política directa”. El secretario general del PCA, José Manuel Mariscal, fue más allá el jueves y aseguró que en caso de nuevas imputaciones, IU no saldrá de la Junta “para dejarla en manos de otros”. Y “los otros”, los del PP, ayudan a su dirección nacional a contrarrestar la espesura del caso Bárcenas y su presunta financiación irregular apuntando a Griñán. Ya lo advirtió este en febrero: “Vamos a estar unidos en lo que haya que venir y que lo que venga no sea un guarrindongueo de la derecha”.