PSOE e IU impulsan la agenda legislativa al año de formar Gobierno

Hasta ahora, el Gobierno andaluz de coalición de PSOE e Izquierda Unida —que cumplirá un año el próximo 7 de mayo— se ha caracterizado por resistir y mantener los servicios públicos en la comunidad con un presupuesto menguante y con la obligación de atajar el desnivel entre ingresos y gastos. Pero las iniciativas de impulso político y las 28 leyes a las que se comprometieron en el acuerdo por Andalucía —que incluye también 250 medidas— están todavía por ver.

Ahora se trata de pasar de la etapa “de la resistencia a la de la concreción”, según acordaron este lunes dirigentes del PSOE e Izquierda Unida en la comisión de seguimiento del pacto de Gobierno. A esta reunión, asistieron, por el PSOE, la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, y el vicesecretario general socialista, Mario Jiménez. Y por Izquierda Unida, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, y el portavoz del grupo parlamentario de IU, José Antonio Castro.

Ninguna de las 28 leyes previstas en el acuerdo ha entrado aún en el registro de la Cámara autónoma. El compromiso alcanzado es poner en calendario e iniciar la tramitación de un paquete de media docena de proyectos legislativos antes del final del actual periodo de sesiones, que acaba en el mes de junio. Dependiendo del ritmo que quieran imprimir los grupos y teniendo en cuenta que a partir del mes de octubre, la agenda parlamentaria está determinada por el debate de la ley de Presupuestos, la intención es que a final de año algunas de ellas entren ya en vigor.

La coalición quiere pasar de la etapa de “resistencia a la de la concreción”

En la orden de prioridades del Gobierno andaluz figura en primer lugar el decreto sobre la Vivienda que prepara la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), en el que se regula la situación de las casas vacías. Todo el discurso político de Fomento, antaño caracterizado por su potencia inversora, se ha centrado en dar respuesta al problema de los desahucios, paralizando los lanzamientos en el parque público de vivienda y bloqueando, a través de la negociación con las entidades financieras, que un millar de familias perdieran sus viviendas.

También está en la rampa de salida la ley de Transparencia, una norma con la que el Ejecutivo andaluz quieren marcar diferencias no sólo con el Ejecutivo central, sino también con los anteriores gobiernos socialistas andaluces, según destacan fuentes del Gobierno. Esta norma la está redactando la Consejería de la Presidencia.

La ley de Participación, que prepara la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales (IU), también entrará en verano. El aspecto más polémico de esta norma es la regulación de las consultas populares previstas en el Estatuto de Autonomía, que faculta al presidente de la Junta a pedir la opinión de los andaluces sobre cuestiones de interés general de la comunidad.

En el calendario de prioridades legislativas figuran el proyecto de ley de fiscalidad y de lucha contra el fraude fiscal y social, y la ley de memoria histórica, también de IU, con la que se persigue otorgar las suficientes garantías técnicas y judiciales a las exhumaciones de fosas de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

En la comisión de seguimiento también se constató el retraso en la puesta en marcha de planes ya aprobados por el Consejo de Gobierno sobre empleo, acción social y solidaridad alimentaria, a los que se pretende dar un impulso definitivo.

Las mayores diferencias entre los socios se dan con el llamado Banco de Tierras, un proyecto que, según admitieron las fuentes consultadas, no está definido y donde están surgiendo muchas dificultades administrativas. Este proyecto persigue poner en manos de los parados tierras públicas.