El pacto de Fabra sobre la sociedad civil se atasca por su falta de medidas
Sindicatos y rectores se niegan a firmar un acuerdo de meras intenciones No aporta propuestas concretas contra la crisis y que desconoce la oposición
Entre “brindis al sol” y “cuento de hadas” definen los agentes sociales consultados el Acuerdo de la Sociedad Civil por la Comunitat Valencia que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, pretendía que se firmara este martes en el Palau de la Generalitat con empresarios, sindicatos, rectores y representantes sociales.
“La foto por la foto no la tendrá, queremos medidas concretas”, advierte un dirigente de CC OO del País Valencià, que insta a la Generalitat a fijar propuestas para salir de la crisis. El sindicato UGT todavía no ha recibido la propuesta por escrito, y la oposición en las Cortes (PSPV, EU y Compromís) será invitada a sumarse en una segunda fase. Fabra, primero, quiere contar con el apoyo de la sociedad civil.
“Nos invitaron, pero las universidades tenemos otras prioridades”, admiten fuentes de la Universitat de València. Los rectores de las universidades públicas valencianas no quieren “ser comparsa” de Fabra y entienden que no les corresponde a ellos firmar un acuerdo que no se ha consensuado ni negociado. “Es como un cuento de hadas, que resucita la idea del Levante feliz y no aporta nada”, afirma un rector. Entre los empresarios hay disparidad de opiniones.
“La foto por la foto no la van a tener”, advierte un dirigente de CC OO
Fuentes de la patronal valenciana Cierval consideran que cualquier acuerdo es “positivo, siempre que ayude a superar la situación actual”. Los dirigentes empresariales observan con buenos ojos la iniciativa de Alberto Fabra, aunque, a título individual, son pesimistas. “Es un brindis al sol, ¿servirá para algo?”, se pregunta un dirigente empresarial en Alicante. En Presidencia de la Generalitat no aventuran a concretar cuántas entidades lo firmarán porque “el proceso no está cerrado”, y advierten que no “se eternizará”.
Fabra lanzó esta idea en su discurso de Año Nuevo, hace tres meses. La propuesta de acuerdo, a la que tenido acceso EL PAÍS, arranca reconociendo que la crisis actual, que no se puede equiparar con la de los años setenta, requiere la “estrecha colaboración” de todos porque “solo desde la unión es posible ofrecer soluciones que garanticen prosperidad”.
El manifiesto introduce una gran dosis de optimismo al recordar que en las tres décadas de autogobierno “todo lo conseguido es resultado del esfuerzo y de la ilusión de todos”, y reconoce que pese a la “grave situación” de personas y familias la Comunidad dispone de “una potente infraestructura” de escuelas, hospitales, universidades, carreteras y “personas cualificadas que tienen el deseo y la voluntad de aportar energías para salir de la crisis”.
El acuerdo alaba la tradición artesana, agraria, comercial e industrial y se muestra “orgulloso” de la herencia recibida. Fabra resucita a Jaume I que creó un Reino de Valencia “libre, con Cortes propias para que no tuviéramos que dependen de nadie y nos hizo un pueblo leal”.
Imagen marcada por la corrupción
Alberto Fabra considera que la Comunidad Valenciana necesita un compromiso para “hacer valer” su imagen “y que nunca más sea puesta entredicho”, en referencia a los numerosos escándalos de corrupción, aireados por los medios de comunicación de medio planeta. En el documento, Fabra se siente orgulloso de la cultura, lengua e historia y del “potente” tejido emprendedor económico como “parte de un todo llamado España”. El manifiesto apela a la “autoestima y la dignidad” para seguir avanzando como se hizo con el Estatut de 1982 y exige una financiación “acorde a nuestro peso y necesidades”.
La parte más reivindicativa es cuando reconoce Fabra que la necesidad de recursos económicos que “sin comprometer el principio de solidaridad con el resto de España, se ajusten a los principios de equidad y justicia”. Pero no concreta ninguna medida que mejore el sistema de financiación.
También apela a la “unión” de la sociedad civil para seguir creciendo y conseguir infraestructuras como el corredor mediterráneo como “eje vertebrador imprescindible para la competitividad de nuestros sectores productivos”.
Por último, plantea un apoyo “unánime” a la industria y a los sectores productivos, un “compromiso ético” con quien más lo necesita y una coordinación entre las Administraciones locales, provinciales y autonómicas para “liderar y aunar esfuerzos” en la lucha contra el desempleo, aunque sin medidas concretas.
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