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TRIBUNA

¡Identifíquense!

Los recortes no son tan sólo cosa de salarios y servicios públicos, sino también de libertades

Día soleado y ventoso de marzo. Valencia en Fallas. Quedan aún tres horas para que explote la mascletá. Es “la hora del almuerzo”, una práctica social y oficinesca con tendencia a desaparecer por la precariedad del empleo y los recortes que han vaciado los bolsillos de buena parte de trabajadores y ex trabajadores. Quinto y Fabio, dos ciudadanos de mediana edad acaban de tomar un bocado. Son hermanos y de cuando en cuando se juntan para almorzar y hablar de sus cosas. Tienen suerte y lo saben, pues, ambos tienen empleo. Caminan a paso normal entre guiris y transeúntes; Fabio para dirigirse a su domicilio, unas calles más abajo, Quinto de vuelta a su trabajo, en una oficina del centro. De pronto, un potente ronroneo les hace detenerse. Dos motos pilotadas por policías uniformados les cierran el paso. Desconcertados se preguntan:

-- ¿Que infracción habremos cometido?

No son policías locales, ni han cometido infracción alguna. Son agentes de la policía nacional, la policía del Estado, con todo su equipo reglamentario.

-- ¡Identifíquense!, les conmina uno de ellos, tras echar pie a tierra, mientras el otro, erguido como un poste, les vigila con mirada chulesca y desafiante. Los mozos, no se mueven.

-- ¡A ver, los DNI!, ladra el uniformao que lleva la iniciativa.

Tímidamente Quinto y Fabio, pillados in fraganti de quién sabe qué -Bueno, piensan, lo sabrán los polis-, se ven entregando sus documentos al agente de la autoridad que pide -por línea interna- confirmación de las identidades.

Quinto inicia una tímida pregunta, pero la prepotente mueca del poli le impone silencio. Por fin, tras diez minutos de “cierros y cortos”, de mensajes guturales, el agente con gesto enérgico les devuelve, sin más explicaciones, los carnets y masculla un:

-- ¡Prosigan, prosigan!

Quinto recoge los carnets y le entrega el suyo a Fabio, que por fin ha recibido una somera excusa del agente que los mantenía a raya, que intenta justificar la “intervención”. Se trata -les dice- de un “operativo” nuevo. Sí, eso les dice, de un operativo del Ministerio de Justicia que les autoriza a retener, a interpelar indiscriminadamente a los ciudadanos. Pura fuerza bruta. ¿Puede un ciudadano ser retenido en plena calle e interrogado, sin que haya razón precisa para hacerlo? En un reciente partido de fútbol, por mor de la seguridad (santa palabra), la dotación policial triplicó la habitual para estos eventos. En las fallas 2013, la separación entre el público y el balcón del Ayuntamiento (¿la casa de todos los valencianos?) ha aumentado. El Consistorio tiene el acceso a sus dependencias cada vez más restringido; la institución se aleja cada vez más de la ciudadanía. Una lejanía, unos procedimientos que son síntoma del retroceso democrático, y es que los recortes, no son tan sólo cosa de salarios y servicios públicos, sino también de las más elementales libertades. ¿Qué miedo tienen?