De presunto malversador a empleado de banca

Josep Maria Matas y Xavier Solà, artífices de la trama tejida alrededor de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), declararán el próximo 17 de abril ante la justicia acusados de malversación de fondos públicos. Junto a Matas —excoordinador general de la Diputación de Barcelona— y Solà —exsecretario general del Departamento de Cultura de la Generalitat— hay otros cuatro imputados que también han sido llamados por el juez. Ha transcurrido un largo año desde que el EL PAÍS publicara el primero de una veintena de artículos que desgranaron el supuesto desvío de más de un millón de euros de esta entidad municipalista situada en la órbita convergente y de la que Matas había sido su secretario general y Solà su jefe de los servicios jurídicos.

Tras diez meses de investigación, el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled interpuso a finales del pasado mes de febrero una querella contra los dos exdirigentes de Convergència por haber “desviado de forma continuada fondos a su bolsillo”, hasta el punto de definirlo como un “expolio”. A finales de esta semana, un mes después de conocerse las acusaciones de Sánchez Ulled, el Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona admitió a trámite la querella del fiscal y no solo accedió a petición de las cinco imputaciones, sino que el magistrado incorporó a una sexta persona.

Entre el mes abril del pasado año —cuando la Fiscalía Anticorrupción abrió la investigación— y las recientes imputaciones se han movido pocas piezas del tablero de una partida con dos actores principales y otros muchos secundarios. El movimiento más beneficioso lo realizó el propio Matas, quien tras ser cesado de su cargo en la Diputación —diez días después de aparecer las primeras informaciones contra él— regresó a su plaza en el Banco Sabadell, donde ya trabajó antes de dedicarse a la política. Matas, acusado de expolio por el fiscal anticorrupción e imputado por el juez, trabaja en el departamento de franquicias del nuevo edificio de servicios corporativos que la entidad bancaria tiene en Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)

Muy diferente es la situación de Xavier Solà, quien aguantó en el cargo unos cuantos meses tras conocerse el presunto fraude. Su jefe, Ferran Mascarell, no movió la ficha de Solà —amigo personal de Artur Mas— hasta el pasado mes enero, aprovechando una reestructuración en el Departamento de Cultura tras las elecciones autonómicas. Mascarell daba así por ciertas las informaciones de dirigentes del partido que, al conocerse el escándalo, aseguraron que Solà no sería relevado inmediatamente. Decían que “con un cesado (en referencia a Matas) ya es suficiente”, y que se esperaría a alguna remodelación en el departamento.

Y así fue. Mascarell se deshizo de Solà mientras crecían los rumores que podría recalar en la dirección del Liceo. Una posibilidad que saltó por los aires tras las acusaciones de Anticorrupción. El recuerdo del saqueo del Palau de la Música es demasiado reciente como para poner, en plena crisis y con la imagen de la clase política en la picota, a un imputado y acusado de expoliador al frente del Liceo. Así, a diferencia de Matas, Solà se encuentra sin trabajo. A diferentes vecinos de Vic les sorprendió encontrárselo en la cola de la oficina del paro.

Sin embargo, aparte de Matas y Solà, pocas cosas más se han movido. Pere Parés —alcalde de Masnou por CDC, excuñado de Matas y uno de los fundadores de Parés i Solé, la principal empresa pantalla que este utilizó para desviar dinero de la ACM— no ha dado explicaciones convincentes. Lo mismo ocurre con Isabel Matas, hermana del imputado, jefa de filas de CiU en Centelles y quien desde el Banco Sabadell donde trabajaba realizaba los diferentes trámites de Parés i Solé.

Tampoco ha movido ficha el Ayuntamiento de Vic, ciudad donde una empresa pantalla, de Matas y Solà realizó una promoción inmobiliaria fallida. Las obras siguen detenidas y el Ayuntamiento no encuentra un promotor inmobiliario que quiera finalizarlas. Todo el mundo salió perdiendo, excepto la empresa de Matas y Solà, que cobró por ello. Pero ni el alcalde Josep Maria Vila d'Abadal ni los concejales de CiU en el Consistorio —donde gobiernan con ERC— desean remover el tema. En el último pleno Iniciativa preguntó si se han planteado personarse como acusación particular. La respuesta fue negativa.

Sin embargo, el silencio más escandaloso es el de la ACM, la principal perjudicada. El expolio sufrido no les ha parecido, por ahora, suficiente a sus dirigentes como para hacer algo al respecto. Tan sólo recientes informaciones apuntan que en las próximas semanas, a la espera de ser citados a declarar, estudiarán si se personan como acusación particular de un caso que, tras meses de espera, empieza su senda judicial.