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Feijóo aún se aferra al arbitraje para contener la ira de los preferentistas

La fuerte quita rodea de tensión el congreso del PP de Pontevedra

Con las plataformas de afectados por las preferentes sulfuradas tras el anuncio de que la quita que el FROB prevé para sus ahorros será del 43% de media, la Xunta se agarra todavía al arbitraje para tratar de calmar las aguas y que la presión de las plataformas de afectados no llegue al estallido. “La Administración autonómica seguirá trabajando en defensa de las familias que fueron engañadas, instando a la entidad bancaria a continuar aceptando casos para que puedan ser solucionados por la vía del arbitraje”, repitió en un comunicado el Gobierno autónomo tras conocerse el recorte. Las plataformas no se conforman y anuncian que seguirán acudiendo a protestar allí donde estén Alberto Núñez Feijóo y los demás responsables del PP gallego. Hoy será en Silleda, adonde el partido trasladó a última hora su congreso provincial, previsto inicialmente en Pontevedra, ante el anuncio de que allí pensaban confluir afectados de toda Galicia.

 La Xunta se refugia en los algo menos de 15.000 laudos arbitrales favorables emitidos desde julio del año pasado como garantía de su compromiso, pero los afectados reniegan. De entrada, no acaban de conseguir que el Novagalicia Banco les revele qué criterios ha seguido exactamente para aceptar las solicitudes y todavía duele el parón que sufrieron los laudos tras las elecciones autonómicas de octubre. Una semana después de los comicios, NGB había aceptado 9.000 peticiones. Entonces habían pasado apenas tres meses desde el inicio de los procedimientos de arbitraje, publicitados a bombo y platillo como la solución definitiva. Casi cinco meses tras esa fecha el banco ha tramitado, a un ritmo sensiblemente más lento, 5.500 solicitudes más de las 56.000 que Luis de Guindos dijo ayer que hay registradas en total. Es decir, que de los 75.000 afectados que se estima que hay en la comunidad, el arbitraje solo ha ayudado a la quinta parte.

En el PP gallego, la inquietud crece por momentos. Conselleiros y alcaldes dudan estos días entre mostrarse comprensivos con el drama de los afectados o molestos por el aumento de la presión que ejercen y que ha llevado a la parálisis a varios municipios en el sur de Pontevedra. Tanto Feijóo como el vicepresidente Rueda ocultaron su agenda de ayer hasta el último momento, en un intento de esquivar a los afectados y su estruendo inclemente en sendos actos en Baiona y Meaño. No lo consiguieron.

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El intento de regate fue más evidente aún en Pontevedra, donde el PP llevaba preparando meses el congreso para la reelección de Rafael Louzán como líder provincial y que ayer se decidió trasladar al recinto de la Semana Verde de Silleda, donde es mucho más sencillo establecer controles de acceso que en las calles del centro urbano pontevedrés. Louzán ha quedado marcado además, como el máximo antagonista de las plataformas desde que empezó a hablar de los afectados como de “comandos”.

El propio presidente del PP y de la Diputación de Pontevedra reconoció que el cambio de sede se llevaba rumiando desde hace días pero que solo se concretó el jueves. “La comisión organizadora tomó la decisión para que no hubiera problemas de orden público”, justificó el líder provincial de los populares, que previsiblemente será reelegido hoy. Acto seguido reiteraba que manifestarse es “legítimo, porque estamos ante una estafa a miles de personas”. Admitió, en cualquier caso, que “seguramente” haya afectados que aparecerán hoy en Silleda. Varias plataformas cambiaban sus planes de viaje ayer para confluir con los populares. “Nos costará más dinero el autobús, pero iremos igual”, señalaba un afectado del sur de la provincia.

Recién enterado de la quita, Xulio Vicente, portavoz de los afectados de O Rosal y una de las caras más visibles del hartazgo de los perjudicados con el Gobierno clamaba por teléfono: “Estos tipos están locos”. Para el portavoz, la aplicación del recorte sería una “desvergüenza” que todavía confía en evitar, y lo único que ha hecho el FROB con su anuncio es “ponerle el nombre al robo”. “Espero que haya algo de sentido común”, terminaba, incrédulo.

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