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Las oficinas de empleo prescinden de 236 orientadores en pleno récord del paro

La Generalitat no renueva los contratos, que dependen de fondos del Gobierno español

Clara Blanchar

Con el paro batiendo todos los récords, con una tasa que roza el 25%, Cataluña pierde hoy buena parte de los efectivos que tiene para atender a los desempleados. Las 70 oficinas del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) perderán 236 orientadores, los especialistas en la inserción laboral de parados, justo cuando el desempleo está en niveles desconocidos. Pasarán de atender a parados a serlo. “De un lado al otro de la mesa en la oficina del paro”, resume Adela Alonso, una de ellas. No son despidos, son contratos que finalizan pero que la Generalitat no renueva porque dependen de los fondos para políticas de ocupación que debería aportar el Gobierno español a través de la Conferencia Sectorial. El año pasado estos fondos se recortaron un 57%. De hecho, los contratos finalizaban en verano pasado, pero la Generalitat los prorrogó primero hasta Navidad y posteriormente tres meses más. El SOC tiene 1.310 empleados.

Fuego cruzado, el del dinero que no llega, al que son ajenos los 89 parados de más que Cataluña registra desde la entrada en vigor hace un año de la Reforma Laboral. La oposición y los propios empleados acusan al ejecutivo catalán de estar “desmantelando” el SOC para privatizarlo. Un Gobierno, el de Artur Mas, que asegura que tiene en la lucha contra el paro una de sus prioridades. Siendo candidato a la presidencia, en otoño de 2010 Mas se comprometió ante la plana mayor del empresariado catalán a reducir el paro a la mitad en cuatro años. Pero ahora su Gobierno recuerda que los puestos de orientadores, que llegaron a ser 300 (podrían considerarse estructurales), los creó el Tripartito entre 2008 y 2010 con los fondos de Madrid, en una decisión que consideran errónea porque depende de fondos ajenos. Para parar el golpe, fuentes del departamento de Empresa y Empleo explican que 50 funcionarios del SOC asumirán el trabajo de los orientadores y que esperan poder contratar de nuevo a un centenar de los que se marchan cuando lleguen nuevos fondos.

Los 236 orientadores que se van están repartidos por todo el territorio: de la Vall d’Aran al Delta de l’Ebre pasando por Girona y Barcelona, en las 70 oficinas que tiene el SOC. Esta dispersión ha dificultado que pudieran organizarse para defender sus puestos de trabajo. Y los grandes sindicatos tampoco les han prestado demasiada atención. Constituidos en una Asamblea de Trabajadores que se comunica mediante una lista de correo electrónico han llegado hasta el Parlament, donde han conseguido el apoyo de ERC, ICV, PSC y la CUP. Pero solo el apoyo.

“Ha sido un proceso muy duro. Saber que te vas a la calle y tener que estar dando fuerzas a los usuarios para que sigan buscando trabajo”, explica Adela Alonso, de la oficina de Cerdanyola del Vallès. Alonso defiende el papel de los orientadores en la mejora del trato a los parados y su trabajo para mantenerles motivados. “Esta última semana se nos ponen a llorar al saber que nos marchamos”, asegura tanto ella como su compañera Eli Soler, de Mollet.

Tanto Alonso como Soler saben además las consecuencias que tendrá la marcha de 236 orientadores sobre la atención que reciben los parados. “Si nosotros tenemos cola y desde hace un mes no podemos dar cita, imagina cuando no estemos. Los técnicos funcionarios no lo podrán asumir, por mucha voluntad que pongan”, dicen. Además, reivindican la formación que recibieron en su día y la experiencia acumulada durante los años más duros de aumento del paro. Soler cree que sin ellos la Generalitat se basará en un nuevo cuestionario que se pasa a los parados y que les agrupa por categorías, según su empleabilidad: “si este cuestionario no lo verifica un orientador que tiene una visión global de cada caso, será un desastre”.

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Sobre la firma

Clara Blanchar
Centrada en la información sobre Barcelona, la política municipal, la ciudad y sus conflictos son su materia prima. Especializada en temas de urbanismo, movilidad, movimientos sociales y vivienda, ha trabajado en las secciones de economía, política y deportes. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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