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Los vecinos se movilizan por el agua en Cádiz y Huelva

Constituido el colectivo Marea Azul del Sur contra las privatizaciones y a favor de la consideración de este recurso como derecho humano

Miembros de la Plataforma Cívica para la Defensa de los Colectores de Algeciras durante una asamblea.
Miembros de la Plataforma Cívica para la Defensa de los Colectores de Algeciras durante una asamblea.ANDRÉS CARRASCO

Más de un millar de vecinos de Algeciras (Cádiz) salieron este viernes a la calle bajo el lema “No se depura no se paga”. La movilización responde a una subida de hasta un 300% de algunos recibos, según la Plataforma Cívica en Defensa de los Colectores, por un canon para saneamiento que no se ha invertido en mejoras del ciclo del agua.

“Aunque la ley dice que las tasas se destinarán a cubrir el coste del servicio, el Ayuntamiento utiliza el dinero cobrado a los algecireños para pagar otras deudas”, aseguró el portavoz de la plataforma Manuel Correro.

Con el mismo argumento se constituyó este viernes en Huelva el colectivo Marea Azul del Sur, que agrupa a la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua, Facua, la UCE-UCA, Attac y las Plataformas antiprivatización de Jerez y El Puerto de Santa María. Este colectivo rechaza el cobro de cánones concesionales que pagan las empresas por hacerse con un servicio durante décadas y que los municipios usan para financiar procesos ajenos al ciclo integral del agua.

El gerente de Aeopas, Luis Babiano, explicó que se trata de "defender el agua como un bien de todos, un bien que se tiene que mantener al margen de criterios de mercado". "Con la crisis, cada día crece el número de los que se quedan sin suministro. El agua es fundamental en la vida de cualquier ciudadano y no se puede cortar. Es una responsabilidad pública de la que no se puede renegar cuando más falta la solidaridad con las familias que más están sufriendo la crisis”, añadió Babiano. "Es imprescindible una regulación que garantice el acceso universal al agua y al saneamiento, así como que establezca unas reglas claras de supervisión, tanto económica como de calidad", concluyó.

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