Seis piezas separadas investigan la actividad de Gürtel en Valencia

El llamado caso de los trajes fue solo la punta del iceberg de la abundante actividad de la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana, según atestiguan los miles de folios que integran las seis piezas separadas de la causa que se instruyen en el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Gürtel puso a prueba el sistema judicial español, y ha revelado disfunciones cuando las causas, como en este caso, tienen aforados en más de un territorio, lo que fuerza la división de la investigación en distintos órganos jurisdiccionales.

El expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa fueron juzgados solo por haber recibido presuntamente regalos de la trama corrupta (22 prendas el primero y 16 el segundo) por un montante total de 23.000 euros. Quedó excluido del juicio por jurado el resto de negocios de la trama en Valencia, que finalmente han llegado al Tribunal Superior valenciano.

La primera de las piezas separadas indaga la supuesta financiación ilegal del PP por parte de ocho empresas constructoras que habían recibido millonarias adjudicaciones por parte del Gobierno valenciano. Según los indicios que obran en la causa, las empresas pagaron actos electorales del PP de las campañas electorales municipal y autonómica de 2007, en la que Camps logró la mayoría absoluta, y de las generales de 2008, en las que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy perdió contra su predecesor, José Luis Rodríguez Zapatero. En esta pieza está imputada la cúpula del PP en Valencia de la época, incluido Costa, y también el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla.

Formalmente, esta pieza esta subdivida en otras dos: una por las elecciones de 2007, en la que se atribuyen de forma indiciaria delitos electorales (el nombre técnico de la financiación ilegal); y la otra por los comicios de 2008, que se sigue por falsificación en documento mercantil pero que el magistrado instructor ya ha adelantado que puede terminar reconvertido igualmente en delito electortal.

El tribunal mantiene abierta otra pieza por el supuesto fraude con motivo de la cobertura televisiva por parte de Canal 9 de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. Según la prolija investigación judicial, la trama utilizó a una empresa constructora leonesa sin experiencia en el sector audiovisual, Teconsa, como pantalla para adjudicarse el contrato en connivencia con el exdirector de la televisión autonómica, Pedro García que, como Camps, era íntimo amigo de Álvaro Pérez, El Bigotes, delegado en Valencia de la red. De los más de seis millones de euros destinados a la cobertura televisiva, la trama se habría embolsado más de la mitad, tras subcontratar por tres millones los trabajos. El sobrecoste habría sido distribuido en comisiones entre los cabecillas de Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo, Pérez y el director de Canal 9.

La pieza separada más avanzada, en la que el juez instructor del caso Gürtel en Valencia, José Ceres, ha dado ya por concluida la instrucción, versa sobre el mayor negocio que la red hizo en el territorio. Se trata de las adjudicaciones, por cinco millones de euros, del diseño y montaje del pabellón de la Generalitat en la feria turística Fitur desde 2005 a 2009. Anticorrupción considera que las cinco ediciones fueron amañadas, y que Orange Market, la empresa que dirigía El Bigotes, se llevó año tras año los concursos a pesar de no reunir los requisitos para presentarse (en la primera edición), realizar las ofertas más caras (en casi todos los casos) y presentar numerosas facturas duplicadas o con precios hinchados para justificar los gastos.

El amaño, según la fiscalía y la acusación popular de los socialistas valencianos, contó con la colaboración de numerosos cargos y funcionarios de la Agencia Valenciana de Turismo. A la cabeza, quien fue consejera de Turismo y después presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, aún diputada autonómica y alcaldesa de Novelda, a pesar de que Anticorrupción solicita 11 años de prisión para ella. Entre los acusados figura otra consejera de Camps, Angélica Such, para quien fiscalía pide inhabilitación, y Rafael Betoret, exjefe de gabinete en Turismo, para quien ha solicitado otros 11 años de cárcel.

El fin de la instrucción fue recurrida por varios de los imputados, y el procedimiento se encuentra ahora pendiente de que se resuelvan.

La actividad de Gürtel se extendió por casi toda la Generalitat y sus empresas públicas, como demuestra otra de las piezas separadas, en la que figuran más de 70 contratos por cuantías menores. La mayoría fueron adjudicados a dedo por menos de 12.000 euros, según la fiscalía, para esquivar los procedimientos de contratación más exigentes de las Administraciones. Aunque los hechos son similares, aparentemente, a los que se investigan en las adjudicaciones de Fitur, el complejo discurrir procesal de la causa ha hecho que se instruyan de forma separada.

La última de las piezas investiga los supuestos delitos fiscales que la trama habría cometido con motivo de la contratación con la Generalitat y el PP valenciano. Al contrario que en el resto de piezas, en esta sólo están imputados los cabecillas de Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Pérez, así como varios de los trabajadores de su entramado empresarial.