Gallardo cierra Corrugados Azpeitia y deja sin empleo a 300 trabajadores

Euskadi va a sufrir un nuevo golpe en su situación económica. El Grupo Gallardo, propietario de la empresa Corrugados Azpeitia, ha comunicado a los más de 300 trabajadores de la planta guipuzcoana su decisión de cerrar definitivamente la fábrica, según ha informado el sindicato LAB.

Con esta decisión se pone fin a una prolongada conflictividad interna en esta factoría, sujeta  a sucesivos intentos de la propiedad por ir rebajando el número de trabajadores. Las diferencias con el comité de empresa no estuvieron exentas, además, de responsabilidades judiciales con la intervención del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que anuló el contenido de un Expediente de Regulación de Empleo en los términos que los planteaba la empresa.

En una escueta nota de prensa, LAB ha explicado que se ha celebrado una reunión entre el comité de empresa y la dirección de Corrugados Azpeitia, en la que el representante del Grupo Gallardo ha informado de que esta corporación ha tomado la decisión de cerrar la planta de Azpeitia.

Según LAB, la dirección de la compañía siderúrgica ha explicado que la decisión "se debe a la apuesta que hace el grupo por la planta de Getafe". La dirección ha trasladado a los trabajadores que en los próximos días presentará un ERE "con el fin de cerrar la empresa".

El comité de empresa comunicará los detalles de la situación en una rueda de prensa que ha convocado para el viernes ante la fábrica, por lo que ha rehusado ofrecer más detalles, informa Efe.

Del mismo modo, el Grupo Gallardo tampoco ha querido informar sobre sus planes para cerrar la planta de Azpeitia y se ha limitado a indicar que no desea hacer comentarios por el momento.

La decisión de extinguir todos los contratos de la planta azpeitiarra y clausurar la factoría pone fin a un largo conflicto laboral, que estalló cuando el Grupo Gallardo planteó un ERE de extinción de 60 de los 305 puestos de trabajo de la fundición.

En diciembre de 2012 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) declaró la nulidad de los 60 despidos porque la empresa había incumplido de forma "grave e injustificada" la obligación de negociar "de buena fe" estas medidas.

En la vista, la dirección de la empresa justificó su intención de despedir a 60 empleados por causas económicas, debido a la caída de las ventas y las pérdidas acumuladas, sobre la base de los datos del primer cuatrimestre de 2012. Según la empresa, los 60 despidos eran la única forma de garantizar la continuidad de la fundición.

Pese a la anulación de los despidos, el Grupo Gallardo volvió a plantear a los trabajadores, el pasado mes de enero, un plan de viabilidad que recogía le extinción de 60 puestos, esta vez mediante bajas incentivadas, y rebajas salariales del 35 % de media para el resto de la plantilla.

La dirección planteó a los trabajadores indemnizar las bajas con 30 días por año trabajado y un tope de 16 mensualidades, y renunció a aumentar la jornada laboral. Además, comunicó que si la plantilla rechazaba esas condiciones, estaba dispuesta a "negociar la cesión de la explotación de la fábrica a los trabajadores mediante el arrendamiento gratuito" de la planta.

Los sindicatos realizaron varias contrapropuestas que Corrugados Azpeitia anunció que estudiaría, aunque el 14 de febrero advirtió de que era muy difícil "mejorar la propuesta empresarial". Su última respuesta ha sido comunicar el cierre de la planta.