CASO INVERCARIA

El juez impulsa el ‘caso Invercaria’ con las siete primeras imputaciones

El magistrado cita a un expresidente de la empresa de la Junta, dos empleados y cuatro empresarios La policía ve “numerosas irregularidades” en la gestión de la firma

Tomás Pérez Sauquillo.
Tomás Pérez Sauquillo.

El juez Juan Gutiérrez ha imputado por malversación y falsedad a Tomás Pérez Sauquillo, expresidente de Invercaria, la empresa pública de la Junta dedicada a desarrollar proyectos empresariales mediante el capital riesgo. Junto a Pérez Sauquillo también están imputados cuatro empresarios y dos trabajadores de Invercaria, como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción. El magistrado ha dado esta semana el primer gran impulso al caso después de que la policía haya aportado un duro informe sobre las supuestas irregularidades en las inversiones de esta sociedad pública y cita a declarar a los imputados a lo largo del mes de mayo.

El caso Invercaria investiga la supuesta concesión discrecional de préstamos y el incumplimiento de las normas de contratación por esta sociedad, que gestionó unos 60 millones entre 2005 y 2009. De los 278 proyectos subvencionados, la policía comenzó a investigar la firma Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), una compañía de ferias virtuales que carece de página web. Invercaria invirtió 1,6 millones en esta firma que hoy está inactiva, con dos subvenciones de 300.000 euros de la agencia Idea y un coste total de tres millones.

De este modo, el juez ha citado a declarar también como imputados al presidente de Novasoft, Francisco Barrionuevo, Francisco Gallardo Hill del Grupo Imagen, Juan Antonio Bardón de Innovaes Formas de Comunicación, el exgerente de FIVA José Luis Hidalgo, y los empleados de Invercaria Antonio Nieto y Gonzalo Alba.

La policía subraya en uno de sus atestados la inversión de la Junta de un millón de euros en FIVA, “un portal virtual que a día de hoy no está operativo”. “No se ha respetado el procedimiento establecido por la normativa reguladora de Invercaria para el compromiso de gastos”. Los investigadores han seguido el rastro del dinero y concluyen que “no se detecta un aumento especialmente significativo del patrimonio personal de las personas investigadas”. Eso sí, a continuación destaca “el notable incremento de los patrimonios de algunas de las sociedades que gestionan Pérez Sauquillo, Bardón y Nieto”.

Entre otros conceptos, los agentes del grupo de Blanqueo de la Udyco subrayan un gran desorden contable y financiero. “La financiación de FIVA ha sido muy irregular. Destacan las denominadas asistencias financieras, realizadas sin control ni procedimiento de formalización alguno. Respecto a los préstamos participativos, se observa una ausencia casi total de documentación justificativa de los mismos”. Además, la policía denuncia facturaciones por gabinete de prensa y publicidad de forma continuada “en fechas en las que [la empresa] no tenía actividad comercial”.

Un atestado subraya “numerosas irregularidades documentales” con “muchas incongruencias por fechas y cantidades económicas no coincidentes con la realidad”. La policía sospecha que la mayor parte de las actas del Consejo de Administración fueron “post datadas”, es decir, firmadas a posteriori por los socios.

La policía censura que Novasoft lograra ingresos de 605.850 euros por un trabajo para un portal inactivo. Pérez Sauquillo rechaza las irregularidades: “Lo único en que nos equivocamos es en haber encargado a una empresa [Novasoft] que quiso hacer un software a lo bestia y le sobrepasó. Pero no con mala fe”.

La policía señala al exconsejero de Innovación y diputado socialista Francisco Vallejo por los testimonios recabados. “Tenía un conocimiento cercano y directo de las operaciones realizadas entre Invercaria y Fiva (...) Era una apuesta personal del consejero”. Vallejo rechazó ayer conocer el día a día de la firma. “Me invitaron a presentar el proyecto y me pareció interesante. Eso es todo”, dijo. En el periodo investigado junto a Pérez Sauquillo figuran los expresidentes Laura Gómiz y Juan María González Mejías, sobrino del expresidente Felipe González, y cuya familia posee una “suerte de vínculo” con FIVA, según la policía.

Este vínculo, según la policía, se establece porque un hermano de Juan María González fue administrador de la sociedad Los 15 Amigos SL, en sustitución de Jesús Bores, que a su vez participa en FIVA.

Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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