Griñán se suma a IU y apuesta por regular las consultas populares

La regulación de las consultas populares en Andalucía ya no es solo una reivindicación de Izquierda Unida, socio del Gobierno andaluz de coalición, sino también del PSOE. Hasta ahora los socialistas no habían querido pronunciarse abiertamente sobre este asunto, pero ayer el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, lo hizo suyo y apostó por el “desarrollo del artículo 78 del Estatuto de Autonomía” que regula las consultas populares, con excepción del referéndum, durante la sesión de control del Parlamento.

El socialista lo dijo como de pasada y sin hablar expresamente del contenido del citado artículo del Estatuto. En el PP ni siquiera se dieron cuenta de a qué se refería, reconocieron fuentes de este partido.

Tanto PSOE como IU desligan este propuesta del debate soberanista de Cataluña, pese a su coincidencia en el tiempo. Tampoco quieren que se interprete como una contraprogramación a las iniciativas abiertas en el Parlamento catalán sobre el derecho a decidir, sino como una propuesta para intensificar la participación de los andaluces en los asuntos públicos y como una vía para recomponer “la fractura entre representantes y representados”.

La celebración de consultas populares de ámbito regional —los ayuntamientos pueden convocarlas desde 2001— está recogida en los artículos 30 y 78 del Estatuto andaluz, también en el 117, que faculta al presidente de la Junta a consultar a los andaluces sobre cuestiones de interés general de la comunidad.

Esta competencia se incluyó durante la reforma del Estatuto, aprovechando que ni la Constitución ni la ley Orgánica de 1980 que regula las distintas modalidades de consultas, prohíbe que los presidentes autonómicos puedan pedir la opinión de los ciudadanos de sus comunidades sobre asuntos generales. No obstante, el Estado tiene competencia exclusiva sobre “la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de sus modalidades”. La regulación de esta competencia se incluirá a través de dos leyes: la de Transparencia, que prepara la consejera de la Presidencia, Susana Díaz (PSOE), y la de Participación Ciudadana e Institucional, en el que trabaja el vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas (IU). Ambas leyes están previstas aprobarlas este año. En cualquier caso, la intención de Griñán es que ambos proyectos cuenten con el consenso de toda la Cámara, es decir, también con el apoyo de los 50 diputados del Partido Popular.

Aunque durante la reforma del Estatuto, el PP manifestó dudas sobre la constitucionalidad de incluir como competencia exclusiva de la comunidad las consultas, los populares la apoyaron durante la aprobación final del Estatuto en las Cortes.

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana María Corredera, atribuyó ayer el apoyo de Griñán a que “IU le está marcando la agenda”. Dicho esto, mostró la disposición de su grupo a regular esta facultad estatutaria aunque no lo considera prioritario.

Griñán liga esta medida al reconocimiento de los derechos concretos de participación de los ciudadanos. También es esa la intención de Izquierda Unida, cuyo portavoz, José Antonio Castro, aseguró que su formación va a defender con todos sus “recursos que Andalucía cuente con ese instrumento para contar con la opinión de la gente”. Castro defendió la posibilidad de celebrar consultas populares, aun a riesgo de que el PP le acuse de ser un populista “o diga algo más profundo, como que le gusta ir en chándal”.

El portavoz de IU hizo esta referencia al hilo de las críticas que recibió por parte del PP cuando apostó por trasladar a Andalucía las medidas aplicadas en Venezuela por el fallecido presidente Hugo Chávez. Esta apuesta llevó al diputado del PP Jaime Raynaud a afirmar que no le extrañaría ver a Griñán “con el chándal bolivariano puesto”. “IU prefiere mil veces el chándal de los trabajadores que los puños y corbatas marchadas de corrupción”, replicó Castro.