Los contratos de Canal 9 con el locutor de fórmula 1 irán al fiscal

Hay documentos rectificados a lápiz o retocados con líquido corrector. Al menos tres de ellos, pese a estar datados en fechas distintas, habrían sido firmados el mismo día. Los diputados Josep Moreno, del PSPV-PSOE, y Mònica Oltra, de Compromís, tuvieron que amenazar al secretario general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), Juan Prefaci, con llamar a la policía para que les facilitara copias de los contratos el pasado lunes, día 11, cuando acudieron a consultarlos tras una visita anterior, el 4 de febrero, a la que Oltra no pudo acudir porque estaba convaleciente de una intervención quirúrgica. Con todo, RTVV no les facilitó facturas acreditativas de ciertos gastos y están pendientes de que el jueves de la semana que viene se las entreguen en una nueva visita.

Ambos diputados anunciaron este miércoles, en los pasillos de las Cortes Valencianas, que llevarán a la fiscalía la documentación relativa a los contratos de Canal 9 con Víctor Seara, a través de su empresa Hupa Comunicación, para la retransmisión de las carreras de fórmula 1. Una relación contractual por la que la televisión valenciana desembolsó 387.000 euros durante poco más de dos años incurriendo, en opinión de los parlamentarios, en diversas irregularidades.

Estas irregularidades, que podrían constituir delitos contra la Administración Pública, de malversación y de tráfico de influencias, según la diputada de Compromís, se centran en que se contrató, al margen de los profesionales de Canal 9, a Seara el 9 de diciembre de 2009, para retransmitir las pruebas de F-1, a través de una empresa constituida seis días antes y sin la preceptiva propuesta de contratación. por 10.400 euros al mes (125.000 euros anuales más IVA). El contrato, que prevía también el pago de gastos de transporte, alojamiento y manutención, se prorrogó al año siguiente y, en 2011, se renovó, en marzo, con efectos retroactivos y una rebaja del sueldo a 8.750 euros mensuales (105.000 euros anuales más IVA). En ese documento se excluyó el pago de transporte y manutención, pero los diputados comprobaron que Canal 9 siguió pagándolos a través de la Agencia de Viajes de El Corte Inglés y evalúan en unos 50.000 euros los gastos de viajes y estancias que Seara cobró a la empresa autonómica de radiotelevisión. En marzo de 2012 se prorrogó ese contrato reduciendo la retribución a 3.000 euros mensuales, para firmar cinco días después una adenda que asumía la suspensión de retransmisiones debido a los problemas económicos de RTVV con la empresa Imagina, titular de los derechos audiovisuales de la F-1, y cambiaba el objeto para que Seara desarrollara funciones de “presentación de vídeos deportivos relacionados con el mundo del motor”. Con fecha de octubre de ese año se produjo la resolución del contrato. Oltra y Moreno explicaron que, de acuerdo con sus informaciones, estos tres documentos se habrían firmado el mismo día.

La cronología revela que Seara estuvo, al menos entre noviembre de 2011, fecha en la que retransmitió el Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos, y julio de 2012, sin hacer nada. Posteriormente, entre julio y noviembre de 2012, participó en 16 microprogramas de unos minutos cada uno sobre el mundo del motor.

El ente desembolsó 387.000 euros durante poco más de dos años

Los directivos implicados en los contratos, según los dos parlamentarios, fueron el exdirector general de RTVV, José López Jaraba, la exdirectora de Canal 9, Lola Johnson, y su sucesor, Luis Redondo, así como el jefe del departamento de Coordinación Económica, Vicente Soriano, la subdirectora de Producción y Medios Técnicos de TVV, Ana Alemany, y el jefe de Producción de Deportes, Ignacio Gálvez.

Oltra destacó que lo pagado a Seara equivale a cuatro salarios y medio de un empleado de Canal 9. Algo especialmente sangrante ahora que se ha despedido a más de 1.000 trabajadores. “Agujero a agujero, se ha hecho el gran agujero en Canal 9”, exclamó la diputada, que atribuyó las correcciones a lápiz y los retoques de los documentos a la sensación de impunidad. “Creían que nadie lo vería”.

Moreno, por su parte, recordó que RTVV acumula una deuda “no explicada” de 1.200 millones de euros y recordó casos como los documentales encargados a la empresa Triskel a precios fuera de mercado o la retransmisión de la visita del Papa en 2006, actualmente bajo investigación judicial en el sumario de Gürtel. El diputado calificó a RTVV como “el arma de corrupción masiva del PP” e insistió en que Canal 9 decidió gastar centenares de miles de euros por algo que profesionales de la casa podían hacer por mucho menos dinero y en valenciano.